Como si fuera un parto, ha costado nueve meses de diálogo con los agentes sociales para que la reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz vea la luz. Hoy, finalmente, se ha aprobado en Consejo de Ministros a través de un real decreto ley, cumpliendo el plazo de final de año comprometido con Bruselas. Pero el toma y daca sólo se ha trasladado de escenario: del Ministerio de Trabajo al Congreso de los Diputados. Algunos socios, como ERC, el PNV o EH Bildu, ya han advertido que es insuficiente y exigirán cambios. En cambio, la vicepresidenta y negociadora jefa, Yolanda Díaz, ha hablado de uno de los "días más importante del Gobierno de España y de esta legislatura", porque, por fin, en palabras suyas, "se pasa página a la precariedad". A partir de su publicación mañana en el BOE, la reforma laboral de Rajoy será historia. Si el Congreso no lo revierte en el plazo de un mes. De momento, los apoyos no están garantizados para convalidarla.
Desde que se hizo público el acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, los socios del Gobierno ya han advertido: la reforma laboral acordada es más que insuficiente y reclamarán modificaciones en su trámite parlamentario en el Congreso. Lo ha anunciado EH Bildu, que pactó hace un año y medio la "derogación" íntegra y se ha encontrado un resultado bastante distinta. La izquierda abertzale hará un frente con ERC para introducir enmiendas. También el PNV ha avisado de que ahora mismo se encuentra en el no, por aspectos como la actual primacía de los convenios estatales por encima de los convenios autonómicos, que quieren cambiar. Hoy han insistido tanto Mertxe Aizpurua como Gabriel Rufián en los pasillos del Congreso, desde donde han exigido que se tramite como proyecto de ley. "Falta que realmente sea una derogación de la reforma laboral", ha asegurado el portavoz republicano, que ha acusado a La Moncloa de "vender humo" y ha avisado de que de momento están en el no. Aizpurua también ha sido clara: "Si se queda como está, no contará con nuestro apoyo".
La reforma capitaneada por Yolanda Díaz persigue un triple objetivo, consta de tres pilares fundamentales: reducir la contratación temporal que caracteriza el mercado laboral español, reequilibrar la negociación colectiva y regular de forma definitiva la figura de los ERTE, más allá de la pandemia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el decreto, la líder del espacio de Unidas Podemos ha querido tener un agradecimiento para el conjunto de agentes sociales, que "han trabajado mucho", que "siempre han estado a la altura de las circunstancias" y "hoy lo vuelven a estar". La vicepresidenta y ministra de Trabajo lo ha vendido como un "nuevo marco laboral que cambiará la vida de la gente en este país" y una reforma que "pasa página a la precariedad" de muchos españoles, especialmente de jóvenes que "sólo han conocido contratos basura".
"Es muy difícil decir que no a la ultraactividad, decir que no a la preferencia del convenio sectorial, decir que no al fin de la precariedad", ha justificado la vicepresidenta segunda del Gobierno. Y lo ha personificado, asegurando como estos días se ha paseado por las calles de su Galicia natal y "la ciudadanía percibe que es un acuerdo de país" y así se lo han trasladado.
En este contexto, después de la dura negociación, Yolanda Díaz ha defendido que la "vocación es mantener este texto", porque "es un acuerdo de país y en principio deberíamos respetarlo". No obstante, ha abierto una puerta para el diálogo, "como no podría ser de otra forma", de forma especial con los socios habituales como ERC, el PNV o Bildu. "Diálogo hasta donde sea necesario", ha remachado. Dicho esto, preguntada sobre aspectos concretos como la primacía de los convenios autonómicos, Díaz ha preferido volver a la "discreción" del diálogo. Empieza una nueva dura negociación. También ha aprovechado para dirigirse al PP: "En política, el no por el no, hace daño a nuestro país. La ciudadanía no quiere ruido, quiere entendimiento".
La patronal amenaza
En respuesta a las quejas de los socios, Unidas Podemos ya ha anunciado una ronda de contactos con ellos, mientras el PSOE pide que se mantenga "el máximo posible" el pacto alcanzado en la mesa de diálogo social. La respuesta de la patronal, en cambio, ha sido mucho menos diplomática. Ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró "satisfecho" con el acuerdo de mínimos alcanzado y enviaba un aviso a navegantes: "Lo pactado no se toca". Preguntado justamente por los cambios que plantea el PNV con respecto a la primacía de los convenios autonómicos, el dirigente de los empresarios fue todavía más tajante: "Como muchas otras cosas, no. Porque rompería la unidad de mercado y nos generaría 17 problemas diferentes. Si eso entrara, desde luego que nosotros saldríamos del pacto".
Tres meses para convertir temporales
Más allá del terreno de las alianzas parlamentarias para sacarla adelante, Yolanda Díaz también ha concretado algunos aspectos de la nueva normativa laboral. Entre otras cosas, su entrada en vigor, que tendrá lugar este miércoles con la publicación en el BOE. No obstante, en el caso de los contratos laborales --que se limitan a un periodo máxima de medio año-- las empresas tendrán hasta tres meses de plazo para adaptarse y ajustar sus contratos temporales a la nueva legislación. En el caso de los contratos de obra y servicio se alargará hasta los seis meses.