En la víspera del Día internacional del Orgullo LGTBIQ+. El Consejo de Ministros aprobado la llamada ley trans, que reconoce la autodeterminación de género. Se trata de una norma que despatologiza a las personas trans porque permite el cambio de nombre en el Registro Civil sin informes médicos ni psicológicos. Con su aprobación, el Gobierno remite el texto al Congreso de los Diputados para que inicie su tramitación y envía un mensaje "contundente" en defensa del colectivo. "Es una ley muy importante que viene a continuar con la tarea y el trabajo que este país emprendió el año 2005 con la ley para el matrimonio de las personas del mismo sexo del presidente (José Luis Rodríguez) Zapatero", ha explicado la portavoz del ejecutivo estatal, Isabel Rodríguez.
Se ha aprobado en segunda vuelta. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expuesto que el proyecto de ley trans no incluye grandes cambios respecto del texto inicial y mantiene el derecho al cambio de sexo legal en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los doce años y con determinadas condiciones desde los dieciséis de forma autónoma. Además, los menores de doce años podrán cambiar el nombre en el DNI y tratar en el centro escolar conforme al nombre escogido. "Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad lo llevamos en segunda vuelta, la ley trans llega al Congreso antes del verano como nos habíamos comprometido", ha dicho Montero este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. También ha insistido en el hecho de que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan.
Un proceso de cuatro meses
Así pues, las personas que quieran un cambio registral de nombre y sexo legal tendrán que pasar por un proceso de doble comparecencia. En la primera, cubrirán un formulario en el cual manifestarán su disconformidad con el sexo asignado a la hora de nacer y la petición de cambio. Recibirán la información de las consecuencias legales que tendrá el cambio, solicitando la rectificación. En la segunda y en un plazo no superior a tres meses, la persona solicitado ratificará su solicitud y la persistencia de su decisión de cambio. Un mes después, a más tardar, la persona encargada del Registro Civil dictará una resolución.
Es decir, la ministra de Igualdad ha resumido que el proceso para el cambio de nombre y sexo durará un máximo de cuatro meses. En este periodo máximo, las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones "por aquello que son, sin miedo y sin culpa". De esta manera, la ley trans reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género, despatologiza a las personas trans y, en definitiva, "les reconoce el derecho a ser quien son sin que intercedan testigos". Con todo eso se envía un mensaje "claro y contundente" que el estado español siempre contará con el colectivo: "Nunca un país sin vosotros". Además, Montero ha puesto el foco en el hecho de que "de nuevo estamos en la vanguardia" y somos "una referencia internacional" en defensa de las personas LGTBIQ+.
Más detalles de la ley trans
Si bien el proyecto de ley trans no incluye grandes cambios respecto del texto inicial, una de las novedades del proyecto está en aquello que hace referencia a las personas trans migradas. Entonces, podrán cambiar sus documentos en España si en su país no tienen garantizados sus derechos como persona trans. También reconoce a una "amplia batería de derechos" como el derecho de las personas bisexuales y lesbianas a filiar hijos sin necesidad de estar casadas. Es decir, a volver a tener acceso a técnicas de reproducción humana. De la misma manera, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia que hayan dado su consentimiento. ¿Por qué? Porque las vidas LGTBIQ+ "no necesitan ninguna cura". "España es un país muy orgulloso de su diversidad", ha indicado la ministra de Igualdad, quién ha utilizado en varias ocasiones la terminología transinclusiva hablando de todos, todas y todes. Por otra parte, la norma consolida derechos para las personas trans y LGTBIQ+ en el ámbito educativo y laboral, a la vez que garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realice conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado.
Finalmente, ha recordado que la ley incluye sanciones que van de los 200 hasta los 150.000 euros y ha agradecido a los colectivos porque "gracias a ellos estamos aquí hoy". Montero también ha dado las gracias al presidente español, Pedro Sánchez, y a los ministros que han participado al mejorar el texto. Un texto que pasa ahora a su fase de tramitación en el Congreso de los Diputados y que prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y con respecto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado.