Ha costado muchos meses, y un cambio al frente del Ministerio, para que sea una realidad. Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin luz verde al proyecto de ley de vivienda estatal, que ahora tendrá que pasar por el trámite parlamentario. Se hará por la vía de urgencia, para agilizar los plazos. Otra cosa muy distinta es que acabe consiguiendo los apoyos necesarios. Sin ir más lejos, la norma aprobada por el Gobierno no ha satisfecho alos movimientos sociales. Tampoco a posibles aliados en el Congreso, como el independentismo, que ve cómo el nuevo texto diluye el que aprobó el Parlament de Catalunya. Una ley catalana que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el mismo ejecutivo central. Aunque ha sido negociada por los dos socios de gobierno, sólo ha comparecido la ministra socialista Raquel sánchez.
El debate se ha centrado sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación de los precios del alquiler en las zonas "tensionadas". Había una pugna sobre el mecanismo entre el PSOE, que apostaba por las bonificaciones fiscales, y Unidas Podemos, que defendía el establecimiento de topes máximos. En el proyecto de ley se ha intentado hacer un equilibrio.
Con respecto a las bonificaciones, para los pequeños propietarios (menos de 10 inmuebles) la norma prevé deducciones de hasta el 90% si el propietario rebaja un 5% el alquiler en relación con el contrato anterior. Será del 70% en caso de que la vivienda se encuentre en una zona "tensionada" y se arrende a jóvenes hasta los 35 años o se incorpora a programas públicos. Será del 60% si se congela el precio pero se han llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores. Y del 50% para el resto de casos.
En las zonas declaradas como "tensionadas", mientras los pequeños propietarios tendrán que congelar el precio del alquiler, los grandes propietarios deberán rebajarlo. Eso se hará basándose en un índice de referencia de precios, todavía sin definir. Estas zonas tensionadas se establecerán por parte de la administración competente por un periodo máximo de tres años revisables. Se contemplan dos circunstancias: que el coste medio de vivienda supere el 30% de la media de ingresos o que el precio de la vivienda se haya incrementado un 5% más que el IPC.
El proyecto de ley también aborda otras cuestiones, como el de los pisos vacíos, donde los ayuntamientos podrán actuar con un incremento que puede llegar hasta el 150% del IBI, cuando el propietario tenga dos viviendas o más vacíos en el mismo municipio. También obligará a reservar el 30% de los nuevos proyectos inmobiliarios a vivienda social. Ahora bien, con la obligación de compensar a los promotores. Finalmente, los juzgados tendrán que pedir un informe a los servicios sociales en caso de desahucio y, en caso de tratarse de una persona vulnerable, deberá suspenderse hasta que la administración encuentre una alternativa habitacional.
Sin Podemos en la sala
En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la ministra Raquel Sánchez ha defendido que esta ley "configurará la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar". La dirigente socialista lo ha calificado como "histórico" y ha asegurado con la aprobación del proyecto hoy "el gobierno cumple con sus compromisos", garantizando que "el derecho a la vivienda es eso, un derecho." Ha subrayado que el nuevo texto protege tanto a los inquilinos como a los propietarios, que combatirá los abusos con "seguridad jurídica".
Hace un mes que no comparece ningún ministro de Unidas Podemos, y hoy no ha sido la excepción. Aunque la norma ha sido negociada con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra ha tenido que hacer la valoración en un vídeo en las redes sociales grabado desde su despacho. La también secretaria general de Podemos lo ha valorado como una "buena noticia" y se ha mostrado "muy satisfecha por el trabajo realizado conjuntamente con el Ministerio de Transportes".
Rebaja de la ley catalana
Los partidos independentista ya hace días que ponen la lupa sobre la norma que hoy ha aprobado el Gobierno. Son especialmente críticos desde formaciones de izquierdas como ERC y la CUP, que consideran que diluye el texto aprobado por el Parlament de Catalunya. Por una parte, porque sólo obliga a los grandes propietarios a rebajar los precios del alquiler. La ley catalana también prohíbe subidas en nuevos contratos de cinco y siete años, a diferencia del Gobierno. Finalmente, el proyecto estatal deja abierta la puerta a su no aplicación, como ha amenazado Madrid, porque las competencias están transferidas.
Así, todavía plantea incógnitas sobre cómo va a incidir en la normativa por Catalunya (aún vigente), que el Ministerio de Transportes no quiere resolver a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, fuentes del departamento de Raquel Sánchez insisten en que la norma catalana invade competencias del Estado, porque pretende regular en materia de arrendamientos urbanos y no puede hacerlo.