El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del aborto, que pretende blindar este derecho en la sanidad pública y otros sexuales y reproductivos de la mujer, como incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social. Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria con el fin de que sea aprobado definitivamente en los próximos meses, según fuentes del Gobierno.
El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 17 de mayo, acaba con el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, un requisito que incorporó en 2015 el PP en su modificación de la norma vigente de 2010. En una entrevista en Radiocable ayer lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que España será el segundo país del mundo tras Escocia en combatir la pobreza menstrual, ya que la futura ley contempla el reparto gratuito de productos de higiene en colegios, prisiones y centros públicos vinculados a los servicios sociales. "Hay muchísimas mujeres en España que no pueden elegir los productos de higiene menstrual que querrían. Es una medida muy importante también para que la menstruación esté presente en el debate público, deje de ser un tabú y un estigma y que podamos hablar con normalidad porque es parte de nuestra salud", ha enfatizado.
Adiós a los tres días de reflexión
Con la nueva norma, la sanidad pública será "la red de referencia" para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. La ley hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio en función del método que elijan (quirúrgico o farmacológico) y elimina los tres días de reflexión.
Contempla también la atención durante el posparto y que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo. La reforma incluye el derecho la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, una de las medidas que más debate ha suscitado.
La petición de Europa
Por su parte, la Eurocámara pidió el pasado mes de julio incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En una resolución aprobada por 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, los eurodiputados apostaron por enmendar el artículo 7 de la Carta para añadir que “todo el mundo tiene derecho a un aborto seguro y legal”. El texto también hace referencia al "retroceso" en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, tras la decisión del Tribunal Supremo del país. Así, los eurodiputados expresaron su "apoyo" a las mujeres y todas las personas que "defiendan el derecho y el acceso a un aborto legal y seguro". Además, instaron al Congreso de Estados Unidos a aprobar una ley para proteger el derecho al aborto a nivel federal.