El gobierno de Aragón ha anunciado que recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional (TC), después de que un dictamen del Consejo Consultivo avale la legitimidad del Ejecutivo autonómico para interponerlo. Justamente, la ley se está tramitando en el Senado, el cual la rechazará y volverá al Congreso donde será aprobada. No será hasta entonces que el gobierno aragonés podrá presentar este recurso de inconstitucionalidad, ya que hoy por hoy la norma no es aprobada. Además, el ejecutivo ha animado a otras comunidades a seguir sus pasos.
En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y portavoz, la popular Mar Vaquero, ha subrayado que tienen que defender los intereses de todos los aragoneses, que se ven “conculcados” con esta ley, y ha dicho que “ojalá” hagan lo mismo a otras comunidades autónomas para defender “la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles”.
¿Qué interés tiene Aragón?
El gobierno aragonés conformado por el PP y Vox ha justificado el interés de un Ejecutivo autonómico en este asunto. Por una parte, se han presentado como un escudo político contra la ruptura de España: “Seremos un escudo político y perseguiremos por todas las vías legales cualquier menoscabo que se quiera hacer a los intereses de todos los aragoneses. Y este, sin duda, es uno”.
Por otra parte, el ejecutivo ha alegado que tienen un “legítimo interés” por razones de carácter cultural, histórico, económico y social, porque “el reino de Aragón y Catalunya formaban parte de la Corona de Aragón”, por una vecindad que ha fomentado siempre “unas relaciones comerciales intensas” y por la “clara relación de convivencia”, sostienen. “Nunca se había puesto tan en peligro nuestro Estado de derecho”, ha sostenido Vaquero, que ha añadido que perseguirán todos aquellos que, “vengan de donde vengan”, impliquen “un ataque a nuestro sistema político”.
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (VOX), también presenta la rueda de prensa, ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez. Ha afirmado que el presidente español hizo la ley como “un traje a medida” para asegurar su investidura. Según su opinión, los delitos que se pretenden amnistiar afectan España en conjunto como en Estado, por lo cual Aragón tiene “todas las razones fundadas” para interponer el recurso delante del TC.
Nolasco ha señalado que incluso el preámbulo de la ley admite que exime de responsabilidades personas que cometieron “ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto”, cosa que genera una situación de “arbitrariedad” que vulnera el “mismo trato hacia la Justicia” que merecen todos los españoles.