El Ministerio de Educación y Formación Profesional ya ha reaccionado a la noticia del día. Y es que el Tribunal Supremo ha tumbado este martes, por primera vez, los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Catalunya por incumplir el 25% de castellano en el programa docente que ya impuso en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Así se ha decidido después de que el tribunal haya desestimado los recursos de casación de la Generalitat contra la sentencia del TSJC, al considerar que falta motivación y que "no se han fundamentado lo suficiente". Además, las providencias del Supremo a los recursos del Govern, con fecha de 13 de julio y ante las cuales no cabe recurso, imponen a la Generalitat los costes del proceso judicial.
La respuesta del Govern ante todo ha sido limitada, pero de nuevo ha dejado entrever su posicionamiento. En declaraciones en Europa Press, fuentes del Ministerio han advertido a la Generalitat, insistiendo en la obligación de "respetar y cumplir" las sentencias que imponen los tribunales del Estado, en referencia a todas aquellas que han dictado relacionadas con la presencia del castellano a las escuelas catalanas.
Las dos escuelas afectadas son la Josefina Ibáñez, ubicada en Abrera, y el colegio Bogatell, en Barcelona. Estos dos planes lingüísticos de los centros de Primaria fueron los primeros que tumbó el TSJC, en marzo de 2021. Después llegaron otros, que junto con los casos de los dos centros de Abrera y Barcelona, la Generalitat recurrió delante del Supremo, de manera que ahora han quedado confirmadas. Con la inadmisión a trámite de los recursos del Govern, ahora la estrategia de la Conselleria de Educación que encabeza Josep Gonzàlez-Cambray, queda al aire, ya que en ambas escuelas se aplicará el 25% de castellano en el curso que viene, satisfaciendo el reclamo de las familias demandantes.
La mesa de diálogo y el modelo escolar catalán
Estas declaraciones del Ministerio de Educación pretenden, sin duda, mantener el Gobierno alejado de la polémica relacionada con el modelo de la escuela catalana. Pero lo cierto es que hace solo dos semanas el ejecutivo central posicionó de forma contraria. Según los acuerdos alcanzados por la mesa de diálogo, uno de los puntos (bajo el título Acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana) defendía que "fortalecer la vitalidad del catalán supone una medida que afianza la confianza necesaria entre las partes para el proceso de diálogo y negociación". El texto reiteraba los principios de la ley del catalán aprobada en el Parlamento por PSC, ERC, Junts y comuns para evitar la imposición de porcentajes en las aulas. El documento fijaba que la presencia de las lenguas a la enseñanza se tiene que basar en criterios exclusivamente pedagógicos y que el catalán tiene que ser la lengua "utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje".