La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha querido dejar claro este lunes que con una reforma del delito de malversación no pasaría igual que con la ley del 'solo Sí es Sí' y ha querido ahuyentar también las dudas sobre si la Moncloa pretende seducir a Esquerra Republicana a través de una modificación del Código Penal que beneficie a los líderes independentistas que había detrás del referéndum del 1 de octubre. La también ministra de Política Territorial ha estado clara: "Estamos trabajando para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente son consecuencia de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas, como es el enriquecimiento injustificado".
Rodríguez se ha referido de esta manera a una de las pinceladas que han propuesto los socialistas para modificar el delito de malversación: perseguir a aquellas personas que hayan incrementado su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato y no puedan acreditar su origen, cosa que se podría castigar con hasta seis años de prisión. Hace falta destacar, también, que contrariamente a lo que pide Esquerra Republicana, el PSOE ha propuesto castigar con una horquilla de uno a cuatro años de prisión el desvío irregular de presupuesto dentro de la administración pública. A pesar de sugerir de esta manera una rebaja de dos años respecto de las penas que hay a estas alturas, hay la intención de poder seguir persiguiendo casos como los del 1-O.
Rodríguez también ha hablado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un aspecto bloqueado por el PP desde que el ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que tenía la intención de derogar el delito de sedición. "Hace falta que demos una solución a este problema", ha afirmado Rodríguez en una entrevista en RNE, además de pedir al principal partido de la oposición "que desbloquee su renovación". Asimismo, ha manifestado que "es muy importante que los ciudadanos tengan la tranquilidad y confianza de que las instituciones funcionan". En la misma línea, la portavoz del Gobierno ha pedido a los actuales miembros del órgano de gobierno de los jueces españoles que hagan sus propuestas para renovar el Tribunal Constitucional.
La propuesta de ERC: despenalizar el 1-O
Las declaraciones de Rodríguez llegan un día después de que el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, asegurara que la intención de su partido es "eliminar aquello que se introdujo para perseguir" a los líderes independentistas del 2017. Según el exvicepresidente del Govern, el delito de malversación en la causa contra los líderes independentistas por la organización del referéndum del 1-O se introdujo con el fin de poder perseguirlos, pero este nunca se cometió. En este sentido, subrayó que "la malversación nunca existió en la organización del referéndum del 1-O" y que "por eso queremos que se reforme el Código Penal".
ERC presentó el viernes pasado una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación a fin de que se castigue con menos años de prisión —entre seis meses y tres años de prisión—a aquellas personas que malversan dinero público pero sin ánimo de lucro personal. Es decir, los republicanos quieren reintroducir en su Código Penal el concepto de ánimo de lucro personal o de terceros como condición para la malversación más grave, y apuesta para conservar las penas que fijó el PP en 2015: de dos a seis años de prisión.
La propuesta del PSOE: distinguir tipo de malversación y perseguir el 1-O
Los socialistas, en cambio, apuestan por diferenciar varios tipos de malversación. En primer lugar, consideran que hay que mantener las penas tal como están actualmente cuando hay malversación con apropiación. Es decir, cuando hay lucro para uno mismo o para terceros. El PSOE también quiere distinguir la malversación de uso, que son aquellos casos en los cuales se hace un mal uso de los recursos públicos pero sin voluntad de apropiárselos. La intención es penar estos casos con penas que vayan de los seis meses a los tres años de prisión y de uno a cuatro años de suspensión de empleo público.
Ahora bien, el PSOE pretende que se castigue con una horquilla de uno a cuatro años de prisión el desvío irregular de presupuesto dentro de la administración pública. A pesar de proponer de esta manera una rebaja de dos años respecto de las penas que hay a estas alturas, hay la intención de poder seguir persiguiendo casos como los del 1-O. Por otra parte, la intención de los socialistas también es perseguir a aquellas personas que hayan incrementado su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato y no puedan acreditar su origen, cosa que se podría castigar con hasta seis años de prisión.
Unidas Podemos, "sin posición clara"
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado este lunes que su formación marca distancia con el PSOE respecto de la reforma de la malversación: "No llevará nuestra firma". Ahora bien, Asens no ha acabado de dejar claro cuál es exactamente la posición de su grupo parlamentario sobre este tema: "Todavía estamos discutiendo esta cuestión y, por lo tanto, no tenemos una posición clara". Sí que ha afirmado que celebra que tanto las propuestas de ERC como del PSOE "vayan en dirección de desjudicializar" el conflicto político entre Catalunya y España.