El gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado recurrir la ley de amnistía íntegramente al Tribunal Constitucional (TC) "en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes". El consejo del gobierno madrileño ha acordado, en una reunión celebrada con carácter extraordinario en Torrejón de Ardoz, la interposición del recurso ante el TC después de su entrada en vigor este martes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El recurso será presentado un plazo de 3 meses, así lo ha anunciado la misma Ayuso en rueda de prensa. La presidenta madrileña ha defendido que se trata de la "ley más corrupta de la democracia". En este sentido, ha denunciado que es una "ley redactada al dictado de los que promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática en nuestro país, que por descontado no acaba nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación". Además, ha advertido que el siguiente paso "será el referéndum".
Ayuso contra la amnistía
Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que la amnistía es una "vergüenza para cualquier Estado de derecho" y ha considerado que "hace difícilmente reparable tanto daño primero al buen nombre de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también a nuestra democracia, a la confianza de nuestros socios internacionales y de los mercados". Después de la aprobación de la amnistía en el Congreso el pasado 30 de mayo, el ejecutivo madrileño solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que "avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma". El mismo día de la aprobación de la norma, Ayuso ya anunció que su gobierno llevaría la amnistía al Constitucional adelantándose al anuncio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La Abogacía del gobierno madrileño denuncia que la norma afecta "en los pilares básicos sobre los cuales se asienta a nuestra Carta Magna" y añade que "el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales". Así pues, la Comunidad defiende que no se puede admitir una ley que crea "un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductos contrarios a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejada en el artículo 14 de la Constitución". Además, señala que comporta una "ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar el juzgado". Para concluir, el gobierno de Ayuso acusa al Gobierno de haber sacado adelante la norma "sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso".