Ya han pasado cuatro años de la pandemia de la covid y de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' en la Comunidad de Madrid. Fue a partir de los 'protocolos de la vergüenza' de esta comunidad que miles de personas mayores murieron en las residencias madrileñas sin recibir asistencia sanitaria. 7.291 es la cifra concreta de las personas que murieron sin ser derivadas a hospitales y que, según aseguran los expertos, muchas se podrían haber salvado. Pues bien, después de estos años y de esta mala gestión a cargo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Madrid todavía reclama a 187 personas las deudas pendientes de sus familiares muertos.
El País se ha puesto en contacto con el gobierno de Ayuso por la vía de la Ley de Transparencia y ha preguntado sobre este tema después de que el pasado mes de abril la Cadena Ser revelara que dos hijas habían recibido cartas por estas deudas. La Comunidad de Madrid se ha negado a perdonar esta deuda, tal como piden las asociaciones de familiares y la oposición al completo. El citado diario ha preguntado por el total de personas que han recibido solicitudes de pago por mensualidades que quedaron pendientes por personas que murieron entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, cuando el gobierno madrileño limitó las hospitalizaciones. El gobierno de Ayuso ha respondido a la pregunta diciendo que solo hay datos de los pagos que están pendientes, por lo tanto, no hay información sobre las personas que ya han pagado la deuda; así pues el número de reclamaciones podría ser muy superior a 187.
Intercambio de críticas
Cuando se hicieron públicas las primeras cartas reclamando el dinero de las residencias, algunos miembros del gobierno de Ayuso intentaron traspasar la responsabilidad al Gobierno. La portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, acusó al gobierno de Ayuso de "falta de humanidad". Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila respondió que "es el gobierno de Pedro Sánchez, en todo caso, a quien correspondería modificar esta normativa y justificar la excepción". En cambio, juristas consultados por El País desmienten la excusa de Dávila y señalan que si Madrid tiene potestad para exigir un precio público (la cuota de las residencias), también la tiene para condonarlo. De hecho, tal como recuerda el diario, en Madrid se perdonaron otros pagos pendientes de la pandemia, por ejemplo, en los bares con máquinas tragaperras.
Para perdonar estas deudas, solo hace falta que lo decida el Consejo de gobierno, presidido por Ayuso, pero como no se ha aprobado esta medida de gracia, los funcionarios se ven obligados a enviar las cartas reclamando los pagos a los herederos de los muertos en las residencias por la mala gestión de la pandemia. Varios familiares ya han anunciado que no pagarán estas deudas.