La cruzada de PP contra el catalán continúa. Este lunes el gobierno de las Islas Baleares ha aprobado un Plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y reducir las listas de espera. Además, también retira el requisito de saber catalán para poder trabajar a la sanidad pública de las Islas Baleares. Eso lo ha confirmado en una rueda de prensa la consellera de Salut, Manuela García, quien ha afirmado que todo pretende captar y fidelizar profesionales sanitarios.
En el pasado, algunos aspirantes a formar parte de la sanidad pública balear habían criticado el hecho de que se exigiera saber catalán, cómo pasa en otros territorios. Estas quejas levantaron polvareda y fueron una trinchera para|por PP y Vox. El nuevo gobierno del PP ahora elimina el conocimiento del catalán como requisito para trabajar en la sanidad pública bajo la bandera de fidelizar y captar a más profesionales de la salud. "Somos conscientes de que no existe un problema en cuanto a la relación médico-paciente y se potenciará el uso del catalán a las consultas", afirmaba hace semanas García, aunque la decisión es que la lengua catalana no hace falta que se exija para trabajar como sanitario en el sistema de salud público balear.
La Oficina de Garantías de la Libertad Lingüística en las Baleares, en manos de Vox
El futuro de la lengua catalana en las Islas Baleares pasa por las manos de la extrema derecha. El partido de extrema derecha dirigirá la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística en las Islas Baleares, era una de alguna de las condiciones que impuso Vox en su pacto con el PP para investir a Marga Prohens gracias a la abstención de los de Abascal.
Se calcula que después del verano esta Oficina pasará a ser presidía por la extrema derecha, según anunció hace semanas la portavoz adjunta del gobierno y consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas. "En el pacto de investidura con Vox queda recogido que se sacará adelante una oficina por garantizar la libertad de los ciudadanos a utilizar las dos lenguas cooficiales", informó Estarellas.
La creación de esta oficina es de unos de los puntos más importantes que defendió Vox a la hora de investir a Prohens, y comporta la desaparición de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que para Vox solo existía para "la protección exclusiva del catalán, excluyente al castellano". En esta nueva y según indica el texto firmado por PP y Vox, la oficina tiene el objetivo de defender la libertad de uso y opción lingüística y "fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las diferentes islas".