El Parlament de Catalunya ha convalidado el decreto del Govern de Salvador Illa que elimina las sanciones en los ayuntamientos en caso de incumplimiento de restricciones de sequía. Lo ha hecho con los votos favorables de Junts per Catalunya, el Partido Popular y Aliança Catalana, y es que, junto con el PSC, comparten que no se tienen que castigar los ayuntamientos en estos casos. La Generalitat, de hecho, considera que los consistorios han hecho un esfuerzo por reducir el consumo que se hace a las viviendas, los servicios y la actividad económica y el uso municipal. La ACA, la Agencia Catalana del Agua, ha otorgado 130 millones de ayudas a 700 municipios, con este objetivo. Quien se ha abstenido ha sido Vox, mientras los principales socios de investidura, ERC y Comuns junto con la CUP, han votado en contra.
El decreto ha sacado adelante con los votos de los 94 diputados de PSC, Junts, Partido Popular y Aliança Catalana, mientras que lo han rechazado los 30 diputados de ERC, Comuns y CUP. El caso es que los juntaires y los socialistas tienen un buen puñado de ayuntamientos de municipios con poca población, que no tienen los recursos para invertir en infraestructuras hidráulicas, ya que en muchos casos son antiguas y pierden agua. De hecho, los datos constatan que uno de cada cuatro municipios que dependen de la Agencia Catalana del Agua (ACA) supera los umbrales de consumo de agua marcados en el contexto actual de sequía. Son 147 poblaciones de las 568 que han registrado datos que en diciembre del 2023 (un 39%) sobrepasaban los límites de consumo por persona y día permitidos, una cifra que ahora se sitúa en el 25%.
El Govern defiende la voluntad de los ayuntamientos de mejorar infraestructuras
La posición del PSC, Junts y PP no es nueva, y es que ya defendieron esta posición en la anterior legislatura. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido que el dinero de los ayuntamientos tiene que ir destinado a mejorar las infraestructuras para evitar pérdidas de agua en vez de ir dirigidos al pago de multas. "Estamos convencidos de que el dinero de los entes locales tiene que ir destinado a la mejora de la ciudadanía. Los ayuntamientos tienen que tener suficientes recursos para mejorar sus redes", ha dicho Paneque, que ha defendido que para la lucha contra el cambio climático hacen falta acciones. De hecho, ha alertado de la sequía a Catalunya que se ha prolongado durante más de tres años.
Paneque ha defendido las actuaciones que está llevando a cabo la Agencia Catalana del Agua (ACA) y que la colaboración de los ayuntamientos tiene que ser imprescindible para luchar contra el cambio climático. "Necesitamos trabajar con el mundo municipal, con inversiones conjuntas para ganar litros de agua", ha defendido la consellera del Govern de Salvador Illa, que considera que los ayuntamientos no malbaratan, sino que no cumplen porque no tienen bastantes recursos. "Había pequeños municipios que tenían que invertir de más 700.000 euros cuando eso no era ni mucho menos lo que tienen presupuestado en un mandato para inversiones", ha explicado la consellera. De hecho, ha reivindicado la colaboración de los ayuntamientos y ha recordado cómo la ACA incentivó a los ayuntamientos que tuvieran ordenanzas de ahorro. "La ACA ofreció un modelo de ordenanza municipal reguladora de usos de agua y a estas alturas los municipios que lo han aprobado son más de 300. Hemos pasado de 57 municipios a finales del 2023, en 315 en la actualidad", ha explicado Paneque, haciendo referencia a la voluntad de los consistorios de mejorar las infraestructuras hídricas.
Junts cree que la responsabilidad ha de ir dirigida a la Generalitat
De hecho, la posición de Junts por Catalunya ha sido similar. El diputado Salvador Vergés ha defendido que las responsabilidades no tienen que ir dirigidas a los ayuntamientos, sino a la Generalitat. "Si ustedes salen adelante este decreto es por la coherencia de Junts per Catalunya", ha defendido lo juntaire, que ha recordado como en la pasada legislatura ya defendieron la eliminación del régimen sancionador. Vergés ha reclamado que la ACA gestione la totalidad de las cuencas internas, y ha exigido al PSC que así lo defienda ante el Estado. Además, ha afirmado que el Govern está "sometido, sumiso y mortecino".
Desde el PP, la diputada Eva García ha asegurado que hoy se derogan las sanciones a los ayuntamientos "gracias a la coherencia y el sentido del común", que habrían empujado en esta dirección. Ha recordado como ellos ya advirtieron "que sería perjudicial para los ayuntamientos". La líder de Aliança, Sílvia Orriols, ha aplaudido que es mejor dotar los ayuntamientos de financiación que no sancionarlos. La diputada de extrema derecha ha anunciado el voto a favor del decreto ley y se ha posicionado en contra de las políticas "punitivas".
Los socios de investidura votan en contra del decreto
La portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, ha defendido el rechazo de los republicanos a la convalidación del decreto. Esquerra considera que aprobar la modificación supondría un "retroceso en toda regla" en la lucha contra la sequía y en la cultura de los usos de los recursos naturales. En este sentido, Capella ha defendido que se mantengan las multas en los ayuntamientos por la sequía.
Por parte de los Comuns, el diputado Lluís Mijoler ha denunciado que, con este decreto, "se está premiando la infracción y se envía un mensaje de permisividad ante la sequía". En este sentido, ha alertado que esto supone "un riesgo significativo para la gestión sostenible del agua" en un momento en que habría que "mantener la prudencia". Finalmente, el diputado de la CUP Dani Cornellà ha defendido que no se puede dar "barra libre" a las sanciones en los ayuntamientos. Cornellà ha argumentado que muchas alcaldías se han "puesto a hacer un trabajo que antes no hacían". Y que el régimen sancionador ha incentivado municipios a "hacer los deberes", y que los ayuntamientos redacten ordenanzas sancionadoras. La CUP propone modificar el régimen sancionador para que sea "más justo", y una gestión pública del agua.