Sorprendente. El Gobierno ha acusado el independentismo catalán de colapsar al Tribunal Constitucional (TC) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en las segundas alegaciones presentadas a Estrasburgo para que rechace la demanda del exconseller Jordi Turull, que acusa a las autoridades judiciales españolas de haber vulnerado su derecho a la libertad y sus derechos políticos, al enviarlo a prisión el  marzo de 2018 por la organización del 1-O y no permitirle poder ser investido president de la Generalitat. El abogado de Turull, el penalista Jordi Pina, denunció, además, que el TC tardó 22 meses para dictar sentencia y rechazar el amparo que le había solicitado el actual secretario general de Junts contra su prisión provisional. Ahora, la Abogacía del Estado, en nombre del Reino de España, afirma que Turull pudo presentar recursos al Tribunal Supremo y al mismo TC, hasta que el tribunal de garantías dictó sentencia el 25 de febrero de 2020, en que desestimó el suyo amparo. "Una vez superada la conflictividad proveniente del procés catalán, el tiempo para resolver recursos se redujo a una media de entre 7 y 4 meses", manifiesta el Abogado del Estado, en el escrito presentado al TEDH el 15 de abril y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves. Es decir, se culpa al independentismo de colapsar el tribunal de garantías.

En la demanda de Jordi Turull (N.27250/20), el Gobierno mantiene su defensa de los tribunales españoles y esconde que tiene en trámite una ley de amnistía del Procés, que tiene que anular la mayoría de las condenas que han dictado relacionadas con el movimiento independentista catalán. La Abogacía del Estado también ha presentado esta semana las segundas alegaciones a la demanda de Jordi Sànchez (N.25608/20), en la cual Pina sostiene que se le vulneró hasta cinco veces su derecho político, y también se le prohibió asumir el cargo de president de la Generalitat. Además, el penalista  insiste que la sala de lo penal del Tribunal Supremo, encabezada por Manuel Marchena, no fue imparcial, como tampoco dos magistrados del TC. Paralelamente, las demandas de los 9 presos políticos, el TEDH las ha unificado en un único procedimiento, donde la primera respuesta del Gobierno ha sido, nuevamente, la de defender la independencia de los tribunales españoles.

Justificar el retraso del TC

En el caso de Turull, la Abogacía del Estado expone que no se vulneraron sus derechos porque "en menos de dos meses ya tuvo una primera respuesta por un tribunal superior para revisar la legalidad de su privación de libertad". Es decir, la sala de lo penal del Supremo revisó la orden de prisión dictada por su colega, el magistrado Pablo Llarena.

Con respecto a la prisión provisional del candidato de Junts, el gobierno del PSOE admite que Llarena dictó prisión en marzo de 2018 sin que Turull hubiera incumplido su libertad bajo fianza, dictada en diciembre de 2017. Por eso, Pina asegura en que "es un castigo al  político por ser independentista" por parte del Supremo. 

El Reino de España afirma que el TEDH ha recordado que puede tolerar periodos más largos para el examen de la legalidad de una detención. Y añade que eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en el caso de Turull: "En el presente recurso, la demanda de Turull delante del TC era especialmente compleja, siendo una de las primeras de una serie de recursos relacionadas con el procés independentista de Catalunya. Estas circunstancias podrían justificar una tardanza más allá del habitual." Con todo, critica a Turull por no haber agotado la vía española y denunciar dilaciones indebidas del TC, antes de exponerlo al TEDH.

Estadísticas genéricas

Para justificarse todavía más, el Estado español ha acompañado su escrito de observaciones de un cuadro estadístico sobre los tiempos de resolución de los recursos de amparo por parte del Constitucional, y añade que, con estos datos, el caso de Turull "no puede ser considerado excesivo a la vista de las concretas circunstancias del caso y de su contexto". De las estadísticas aportadas, el Estado afirma que durante los años 2018 a 2020, "además de la carga ordinaria de trabajo, el TC tuvo que hacer frente a los numerosísimos recursos de diferente tipo relacionados con los hechos por los cuales fue finalmente condenado el demandante"; el exconseller Turull.

Así, el plazo para dictar una sentencia en un recurso de amparo oscilaba entre 1 año y 5 meses (año 2018), 1 año y 7 meses (año 2019) y 1 año y 4 meses (año 2020). Concluye, que el recurso de Turull, interpuesto en 2018 y resuelto en 2020, tardó 1 año y 11 meses, y "por lo tanto -asegura-, dentro del ritmo normal del Constitucional en aquellos años, especialmente sobrecargados de trabajo". Y remata que la culpa del colapso es por "la conflictividad proveniente del procés catalán", y que las resoluciones ahora se han reducido a una media de entre 7 y 4 meses.

 

El abogado Jordi Pina se muestra sorprendido con la incorporación ahora y no al principio del litigio de esta estadística, aunque la considera incompleta porque no se detallan las causas, por ejemplo si la persona estaba en prisión preventiva, como Turull, motivo que siempre es preferente en los tribunales para resolver recursos. Pina recuerda que Turull y Sànchez, como también Joaquim Forn hicieron una huelga de hambre en la prisión, en marzo de 2018, no para evitar el juicio en el Supremo, sino para que el Constitucional resolviera sus recursos.

Pina también insiste en las demandas de que los tribunales españoles no permitieron a Turull y Sànchez salir de la prisión para la campaña a las elecciones en el Parlament en el 2017, mientras que después sí, para las elecciones en el Congreso a los Diputados en el 2019. La Abogacía del Estado no considera este cambio ninguna irregularidad, sino que la justifica diciendo que a investigación por el 1-O ya estaba más avanzada.

Violencia policial y de ciudadanos

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado también cita resoluciones y aporta una de la Audiencia de Barcelona, en la cual se descarta la violencia policial que ejercieron agentes de la Guardia  Civil y de la policía española en los centros de votación del Referéndum por todo el país, como ha denunciado el letrado Sànchez y Turull. Incluso, el Gobierno aporta sentencias firmes en las cuales se "condena a ciudadanos por atentado y lesiones " a agentes de las Fuerzas de Seguridad  aquel 1-O. La mayoría de condenas, pero, son menores y aceptadas para evitar la entrada a prisión

Reclama el sueldo de president

Finalmente, la Abogacía considera excesivo la reclamación que hacen los dos políticos de Junts al Reino de España. En concreto, Jordi Turull reclama 25.000 euros, y Jordi Sànchez 12.243 euros, cantidad que calcula a partir de una mensualidad del salario que le habría podido corresponder como president de la Generalitat, y que los tribunales españoles se lo prohibieron.

Aparte, la Abogacía del Estado pide al TEDH que inadmita la demanda de Sànchez porque considera que las vulneraciones de derechos denunciadas ya las presentó antes ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la UE, a pesar de que después la retiró al presentar el pleito en el tribunal de Estrasburgo.

En el caso de las demandas de Turull y Sànchez, el Tribunal de Derechos Humanos ha indicado a las partes que ya no pueden hacer más alegaciones, y, por tanto, que resolverá sobre las vulneraciones denunciadas.