El Gobierno ha declarado ilegales y nulas las sentencias contra Lluís Companys, según ha anunciado este martes el Govern. "Casi 84 años después del asesinato de Lluís Companys, el estado español ha reconocido, por primera vez y de manera oficial, que fue represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat de Catalunya y por su militancia e ideología", ha celebrado el ejecutivo catalán, en una nota de prensa.

El Govern ha informado de que el Departament de Justícia ha recibido por parte del Ministerio de Política Territorial una Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal, que especifica que Companys fue condenado "por haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unió de Rabassaires, por haber sido fundador de Esquerra Republicana, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931, y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la Presidència de la Generalitat".

La Comissió de la Dignitat, indignada

Así pues, el texto declara "ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Políticas de Barcelona, como el consejo de guerra sumarísimo" que juzgaron a Companys, así como cualquier otro jurado u órganos penales o administrativos que se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones por razones políticas. En esta línea, añade que el president "tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva", motivo por el cual el ministerio declara "ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Lluís Companys i Jover" por razones "políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior".

Sin embargo, la Comissió de la Dignitat ha tildado de insuficiente la decisión y ha exigido que el Estado pida perdón por el asesinato de Companys. En un hilo de Twitter, la plataforma ha manifestado su "indignación por la manipulación de la figura del president" y ha recordado que el Parlament ya anuló los casi 70.000 consejos hechos en Catalunya. "Lo que tiene que hacer el Estado es pedir al pueblo de Catalunya perdón y reconocer su responsabilidad en el asesinato, como lo hicieron a la Generalitat los cónsules alemán y francés para colaborar en la detención y deportación", ha añadido. Asimismo, ha considerado que "lo más indignante es que esta pantomima se haya hecho a petición de la Generalitat, cosa que demuestra un desprecio a la soberanía del Parlament". "Pedimos al president Pere Aragonès un acto público de rectificación", ha concluido.

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