El Gobierno no ceja en su empeño de dejar sin efecto cualquier iniciativa del Govern que lo empodere como país. Lo hace a golpe de recurso judicial, y también a golpe de decreto. Como la iniciativa anunciada esta mañana por Pedro Sánchez y aprobada en Consejo de Ministros por la vía de urgencia. Con el real decreto ley sobre seguridad digital, el ejecutivo socialista en funciones pretende actuar sobre las páginas del Govern y del independentismo catalán.
Fuentes de Gobierno han explicado que el decreto afectará, entre otras iniciativas, a Identicat, el proyecto "de identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre el Govern y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes. También afectará a todas aquellas páginas de la administración que tengan el servidor fuera de la Unión Europea.
República digital
Pedro Sánchez lo ha dejado bien claro al anunciar el decreto, que ha llevado personalmente al Consejo de Ministros: el objetivo es frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.
El Real Decreto de medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración electrónica, contratación de las administraciones públicas y telecomunicaciones tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las administraciones públicas; a los datos que obren en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.
Paraísos digitales
La ministra portavoz ha justificado la urgencia de la norma porque, según ha reconocido, "ya hay situaciones" que "preocupan" al Gobierno en materia de seguridad digital y "hay que reaccionar cuanto antes mejor". No ha querido responder explícitamente a las preguntas sobre si tiene ya el Gobierno localizadas páginas web o vulneraciones en las redes que afecten al soberanismo catalán, pero fuentes del Ejecutivo sí que han admitido que tienen conocimiento de que hay páginas de la Generalitat con servidores en "paraísos digitales".
La nueva norma obligará a todas las administraciones a contratar sus servidores dentro de la UE para que se pueda tener un control de la información digital. "No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea. Tenemos que conocer desde dónde sale la información, quién la maneja, con qué fines y por qué", ha dicho la vicepresidenta.
Meses trabajando
Calvo ha asegurado que el Gobierno llevaba trabajando meses en esta norma, aunque ahora la apruebe de manera urgente, y ha insistido en defender que se haga en estos momentos porque el ejecutivo "tiene que reaccionar" cuando tiene conocimiento de determinadas situaciones.
La número dos del Ejecutivo ha explicado que el decreto reconoce el DNI como la única identificación válida ―exclusivo y excluyente, dice el decreto― para los españoles en el ámbito digital. También obliga a que los servidores de las administraciones públicas estén a la UE y al hecho de que haya una garantía de acceso a los datos y la contratación pública de todas ellas.
Calvo ha defendido que la norma busca, en definitiva, garantizar la seguridad en el ámbito digital e "identificar cada vez más y mejor" las "ciberamenazas".