El Gobierno ya amenazó a PP y Vox a principios de semana que si mantenían su ofensiva contra la ley estatal de memoria democrática, el ejecutivo de Sánchez llevaría al Tribunal Constitucional las normas llamadas "de concordia" pactadas entre la derecha y la extrema derecha en algunas comunidades autónomas. Este jueves, el gobierno de Pedro Sánchez eleva el listón y asegura que tiene la intención de elevar la cuestión a instancias europeas e internacionales: la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Fuentes de la Moncloa indican que las iniciativas de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y el País Valencià son "contrarias a los valores" de la ley estatal, y que los recursos a instancias internacionales se deben a la "gravedad" de la cuestión.
Según indican estas fuentes, el Gobierno recurrirá al relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales a fin de que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en materia de derechos humanos. De la misma manera, en el Parlamento Europeo se promoverán varias iniciativas para incluir en el orden del día del Pleno de la Eurocámara a fin de que se debatan y voten.
De la misma manera, el Gobierno promoverá la celebración de un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas en coalición por PP y Vox. Como el ejecutivo de Pedro Sánchez considera que estas dos formaciones han cometido una "violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos", también pondrán "en conocimiento de la gravedad de la situación" a la Secretaría General del Consejo de Europa, así como el Comisario de Derechos Humanos de la institución. Así, solicitarán también la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España, ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Con respecto a Aragón, el gobierno autonómico que preside el popular Jorge Azcón, ya derogó el pasado mes de febrero la ley de memoria de la comunidad autónoma. Ahora, PP y Vox pretenden aplicar en este territorio un "plan de concordia" que se aplique, por lo que entienden estas dos formaciones, a "todas las víctimas". En Castilla y León y el País Valencià, las normas de PP y Vox no han sido todavía aprobadas. Son proposiciones de ley. Hay que recordar, no obstante, que ambas formaciones tienen mayoría en los dos territorios, motivo por el cual gobiernan en coalición.
La visita de Sánchez al Valle de Cuelgamuros
Precisamente este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el laboratorio forense al Valle de Cuelgamueros, anteriormente conocido cómo, Valle de los Caídos, para conocer de primera mano los trabajos del equipo forense que trabaja en la exhumación de 160 víctimas. Sánchez se ha presentado por sorpresa, puesto que esta visita no figuraba en la agenda oficial. Después de recorrer la nave central de la basílica junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, Sánchez ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En las tareas de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y más de 20 investigadores especialistas en historia, arqueología y genética.
