El Gobierno ha destacado este martes la ironía de que la Audiencia Nacional haya decidido investigar ahora, "cuatro años después", a Carles Puigdemont y Marta Rovira por el delito de terrorismo, por supuestamente ser los organizadores del Tsunami Democràtic. La portavoz del ejecutivo, Isabel Rodríguez, también ha destacado que las imágenes de todo aquello que generó el Tsunami Democràtic son de acceso público, y que todo el mundo puede valorar qué pasó realmente. Aparte de eso, sin embargo, la también ministra de Política Territorial ha declinado entrar a hacer ninguna valoración más sobre la cuestión.
También ha esquivado responder si la decisión del juez Manuel García Castellón puede traducirse en un obstáculo en las negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya. Se ha limitado a reiterar su "respeto absoluto" por los fallos judiciales. Excusándose en que este martes comparecía en calidad de portavoz del Gobierno, y no como miembro del PSOE, también ha rechazado pronunciarse sobre las negociaciones entre estos dos partidos para encarar la investidura de Pedro Sánchez.
Ahora bien, sí que se ha mostrado más contundente con el CGPJ. Ha condenado que la cúpula de los jueces españoles emitiera este lunes una declaración institucional contra la amnistía. Se trataba de una iniciativa de la mayoría conservadora, que es mayoritaria en esta institución a causa de la negativa del PP para renovar el poder judicial.
La portavoz del Gobierno ha dicho que es "inaudito que un organismo en el que se sientan personas con tantos conocimientos emitan un pronunciamiento sobre una norma que no existe". Es una de las cosas, de hecho, más destacables de este pronunciamiento del CGPJ: la ley de amnistía todavía no se conoce; no ha sido pactada de forma definitiva con Junts per Catalunya, y ni tan solo se ha presentado en el Congreso de los Diputados ninguna proposición de ley para sacarla adelante.
Isabel Rodríguez ha vuelto a señalar al PP, como principal culpable del mandato caducado de los magistrados que forman parte del CGPJ. "Ha dejado de ser un partido de Estado, porque hace años que incumplen la Constitución", ha dicho.
La declaración contra la amnistía
¿Qué decían los ocho vocales conservadores impulsores de esta declaración contra la amnistía? El texto aprobado este lunes muestra, principalmente, su "preocupación y desolación intensa" por la "degradación" que supondría una ley de amnistía a independentistas. "Confundir el interés de España con el interés del presidente del gobierno en funciones para evitar la formación hipotética de gobiernos de partidos de una ideología diferente de la suya es una cosa manifiestamente incompatible con la alternancia política", aseveran los conservadores del CGPJ.
"Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política constituye una perversión del régimen constitucional", añaden también los magistrados del CGPJ. Los vocales apuntan que "no es compatible con el principio de estado de derecho" que los responsables políticos "queden exentos de responder a sus delitos ante los tribunales para que un aspirante a presidente del gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas".