“Mano tendida y diálogo permanente con todos los grupos”. Es la fórmula que receta María Jesús Montero para conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha explicado esta mañana que su equipo tiene “muy avanzado” el “esqueleto” de las nuevas cuentas y ha anunciado que cuando empiece el mes de septiembre, arrancarán “los contactos con los grupos políticos que manifiestan disposición a poder negociar los presupuestos”. De esta ecuación, ha eliminado al PP y a Vox, que nunca han expresado su voluntad de negociar.

El Gobierno renunció a los presupuestos de 2024 hace unos meses a consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya que hizo Pere Aragonès cuando los comuns tumbaron las cuentas catalanas. Sin embargo, ahora María Jesús Montera confía que el ejecutivo logre llegar a un acuerdo con sus socios parlamentarios habituales para tener unos presupuestos renovados después de dos años de prórrogas: “Ojalá que podamos contar con esos nuevos presupuestos, me voy a emplear a fondo para poder conseguirlo”, ha asegurado. Y, como argumento, ha esgrimido que la situación económica en España es “muy buena” para poder “formular unos nuevos presupuestos que redunden en las políticas públicas”. Viendo que “la economía va muy bien”, la vicepresidenta primera considera que “estaría muy bien que eso se pudiera plasmar” en unos nuevos presupuestos. “No benefician al Gobierno, benefician a la ciudadanía”, ha concluido.

A la espera de que el Gobierno apruebe una nueva senda de déficit

Aunque en la Moncloa ya se esté trabajando en los presupuestos del próximo año, hay un primer paso imprescindible que todavía tiene que dar: conseguir la luz verde del Congreso a la senda de déficit. Justo en julio, Junts votó en contra de ella y frenó las cuentas. “Catalunya queda en el porcentaje de ejecución más bajo de todo el Estado, a pesar de ser la tercera comunidad que más recursos aporta”, argumentó el diputado Josep Maria Cruset, que denunció que en el año 2023 se ejecutaron el 45% de inversiones en Catalunya y el 212% en Madrid. En enero, el Congreso había avalado la senda de déficit con el voto de Junts, pero el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, la había tumbado. Ahora, con una reforma legal que impulsaron el PSOE y Sumar, se puede esquivar el veto de la cámara alta, pero hace falta, sí o sí, que el Congreso dé su visto bueno.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fija que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos” el Gobierno tendrá un “plazo máximo de un mes” para volver a presentarlos. Esta semana se cumple un mes de la última votación, así que podría ser que en el Consejo de Ministros del próximo martes, 27 de agosto, el primero del nuevo curso político, se apruebe la nueva senda de déficit, que volverá a requerir el apoyo imprescindible de Junts (o del PP).

Las advertencias que han hecho Junts y ERC en los últimos meses

Desde hace meses, Junts y ERC han ido avisando al Gobierno del precio que pondrían a su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Un mes antes de las elecciones del 12-M, Carles Puigdemont amenazó a Pedro Sánchez con no avalar las cuentas “si no se revierten los incumplimientos históricos con Catalunya”. “Los catalanes pagamos el exceso de inversión en Madrid y la falta de inversión con Catalunya”, lamentó. Una semana después, apostó por la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para que se reconozca la singularidad de Catalunya y se facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya, y abogó por una revisión de la cesta de impuestos para reducirlos o suprimirlos “si fuera conveniente”.

Además, en una sesión de control en el Congreso el mes de febrero, el diputado Isidre Gavín avisó al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, que Junts no apoyará las cuentas si no se rectifica la tendencia de la desinversión en Rodalies: “Si no hay inversión y se recupera el déficit estructural, no habrá una mejora del servicio y los ciudadanos de Catalunya lo sufrirán”, argumentó.

Por parte de ERC, la reivindicación es que la única solución para revertir la baja ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya es que “la Generalitat sea quien ejecute todas las inversiones estatales para los catalanes”. En una pregunta hecha directamente al presidente español en marzo, la diputada Teresa Jordà exigió a la Moncloa que “traspase los recursos para hacer estas inversiones” y que “acelere las encomiendas de gestión”.