La avalancha de críticas del PP contra la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, para haber insinuado que el juez del Aduiència Nacional Manuel García-Castellón actúa impulsado por motivaciones políticas, han llevado la Moncloa a hacer una rectificación y asegurar su respeto al Poder Judicial, a la independencia de los jueces y a sus resoluciones, aunque "a veces, no las compartan". Ribera ha provocado la polémica este viernes cuando ha acusado a García-Castellón de tener "querencia" a pronunciarse "siempre en una misma dirección y en momentos políticos sensibles", después de que el juez haya decidido mantener la acusación de terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami, rechazando varios recursos que cuestionaban esta visión. En este sentido, fuentes del ejecutivo español han asegurado que, "por descontado", respetarán la decisión final del juez sobre el caso Tsunami.
El Gobierno asegura su respeto a las resoluciones judiciales
"Es algo claro y evidente que el Gobierno de España manifiesta en todo momento un respeto indestructible hacia la independencia judicial y todas las resoluciones judiciales", ha afirmado este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en declaraciones a los medios desde Rabat, donde ha viajado para reunirse con su homólogo marroquí. En cuanto a la última decisión de García-Castellón en el caso Tsunami, el ministro ha puesto énfasis que no es una resolución firme y ha recordado que el Ministerio Fiscal ha recurrido la decisión y está a la espera de la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, "como todas, será absolutamente respetada".
Otros miembros del gabinete de Pedro Sánchez también se han mostrado firmes en su respeto a los fallos judiciales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que "los jueces españoles son independientes y actúan siempre sometidos al imperio de la ley", mientras que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que la actuación de un juez "está sometida en reglas y procedimientos" que el gobierno de España "respeta plenamente".
El Gobierno también ha aprovechado para defenderse de las críticas de los populares y devolverles algunas acusaciones. Así, han recordado la paralización del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años con el mandato caducado a causa del "secuestro del PP", y también "el intento de controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás". En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "defenderá los jueces y magistrados de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP."