El CNI no se reformará y no pasará a ser un servicio más transparente. Eso es lo que se concluye a través de una lectura de Plan Anual Normativo del 2023, que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se encargó de presentar este martes. El Gobierno, pues, entierra de esta manera una de las promesas de su presidente, Pedro Sánchez, que el pasado mes de mayo anunció una reforma del Centro Nacional de Inteligencia a fin de que hubiera un control judicial previo a sus acciones.

El presidente socialista se comprometió ante el Congreso de los Diputados a reformar la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI en la misma línea que las recomendaciones que había hecho el Defensor del Pueblo. En medio del escándalo de los espionajes a través de Pegasus a independentistas catalanes, y después de haber excusado que el mismo Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, también habían sido víctimas del software espía, el jefe del ejecutivo español hizo una defensa del respeto a los derechos políticos e individuales de las personas.

El relato de tener que reformar al CNI a través del Gobierno estaba bien vigente medio año después. En medio de un debate en la cámara baja para votar una proposición de ley del PNV que pretendía hacer el CNI más transparente, la diputada del PSOE Zaida Cantero aseguró que se trataba de una reforma "necesaria". Es más, con el fin de argumentar el voto en contra de los socialistas a la iniciativa vasca, recordó que "el presidente del Gobierno ya manifestó la intención de modificar la ley, y es deseable que el texto salga del poder ejecutivo". "Así se tratará de un texto informado por los órganos competentes y se debatirá posteriormente en esta cámara, y contará con mayores criterios de rigurosidad técnica", añadía.

La intención del PNV el pasado mes de diciembre era que el CNI tuviera controles que fueran más allá de la autorización judicial previa para espiar a una persona, y que acaba teniendo un control escaso porque no se hace seguimiento de las tareas de los servicios secretos españoles. Así pues, la intención del Partido Nacionalista Vasco era que se puedan seguir de cerca estos espionajes, a fin de que se respetaran los mínimos criterios de proporcionalidad.

De hecho, el partido liderado por Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados proponía que fueran tres los jueces del Tribunal Supremo que dieran autorización para sacar adelante un espionaje. Ahora mismo solo se necesita que un magistrado dé luz verde. Además, la intención del partido vasco era que el jefe del CNI fuera escogido de forma directa por el presidente del Gobierno, y no un ministro; con el fin de hacer más fuerte la vinculación entre la presidencia del ejecutivo y la dirección de los servicios de espionaje del Estado.