Se trata de una "campaña de acoso" que "está traspasando límites que van más de lo que es tolerable". Así lo ha denunciado la portavoz del gobierno español, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. "Es una cacería", ha insistido. Ha señalado al PP, que está "en connivencia con la nueva derecha" de Ciudadanos. La campaña, ha añadido, es "incomparable en democracia".
"Una vez más la oposición está demostrando que no ha sabido asumir la pérdida del poder", ha asegurado la portavoz del ejecutivo español. Ha denunciado dos hechos. Por una parte, el bloqueo de la Mesa del Congreso de la maniobra de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos generales del Estado. Por la otra, una campaña de ataque "personal" contra los ministros, en este caso contra Dolores Delgado y Pedro Duque.
Sobre los presupuestos, Isabel Celaá ha lamentado que la oposición "no permite avanzar en una nueva senda de déficit aceptada por Europa". Ha acusado al PP y Ciudadanos de hacer un uso "partidista" de la Mesa del Congreso, "privando a la sociedad española de disponer en los próximos presupuestos de 6.000 millones de euros para el blindaje del Estado del bienestar".
Según la portavoz, tienen un único objetivo: "impedir la agenda de cambio". Y les ha reprochado: "Lo que no dicen es que están provocando un bloqueo a las mejoras sociales, en sanidad, en educación, en dependencia". Sin este gobierno, ha añadido, "no habría becas para pobreza infantil, ni protección universal de la salud, ni se revertirían los recortes en educación".
"Ante esta estrategia política, reiteramos las palabras del presidente: vinimos a limpiar, estamos limpiando y seguiremos limpiando", ha sostenido.
El independentismo "debe ser inteligente"
La portavoz del gobierno español ha reiterado este viernes las palabras del presidente Pedro Sánchez desde Nueva York dirigidas al independentismo. "El presidente ha sido muy claro: si se persiste en la persecución del conflicto, habrá elecciones", ha asegurado. Y ha añadido: "Si las fuerzas soberanistas fueran inteligentes, aprovecharían la oportunidad".
En este sentido, Celaá ha reivindicado que el diálogo bilateral está dando frutos, como el desbloqueo de la deuda de la disposición adicional tercera del Estatut o el incremento de los efectivos de los Mossos d'Esquadra. Es por eso que ha pedido a los independentistas que "desarmen la retórica" para "conseguir más resultados".
"El gobierno español debe hacerle una pregunta al Govern: ¿quieren hablar de autogobierno o no?", ha preguntado. "Si quieren dialogar, ¿dentro de la ley o no? ¿Quieren seguir avanzando en la resolución del conflicto o no?".
Villarejo, Delgado, Duque...
Preguntada por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo con la ministra de Justicia Dolores Delgado, la portavoz del ejecutivo ha reiterado el mismo mensaje de los últimos días: "No atendemos a las extorsiones". En esta línea, ha recordado que Villarejo no ha tenido una "conducta moral exigible" y que "por eso está en la cárcel".
"La ministra Delgado ha dado las explicaciones pertinentes, y más dará en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria", ha defendido Celaá. Ha señalado que la miembro del gobierno español "tiene confianza plena de este gobierno y del presidente".
En los mismos términos se ha pronunciado sobre el caso del ministro de Ciencia, Pedro Duque. "Ha hecho todas las declaraciones correspondientes ayer y hoy", ha indicado. "Es un excelente ministro, un hombre respetado, con una altísima calificación, que tenemos la satisfacción de tener como compañero", ha concluido.
1.500 declaraciones de bienes
Entre las decisiones acordadas por el Consejo de Ministros de este viernes, destaca la publicación este sábado de un total de 1.500 declaraciones de bienes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pertenecen a los altos cargos del Estado durante los últimos cuatro años, tanto del PP como del PSOE, incluidos sus ministros.
Por otra parte, el gobierno español también ha aprobado un nuevo marco de regulación de los vehículos en conductor (VTC), que cede a las comunidades autónomas la normativa sobre este tipo de vehículos y da una moratoria de cuatro años para organizar la convivencia con el sector del taxi.