El Gobierno y las instituciones del Estado se preparan hacer una campaña acusando de desinformación a los independentistas coincidiendo con la celebración de los juicios del 1-O. El gobierno español quiere replicar vídeos y campañas en redes sociales con portavoces acreditados y foros. Así lo detalla en una entrevista con Efe la secretaria de Estado para España Global, Irene Lozano, exdiputada de UPyD y ahora responsable de la reputación internacional de España, que confirma que tendrán para ello una dotación presupuestaria.
Lozano explica que su departamento "se ha montado en gran parte al ver que no existía un mecanismo (de defensa) cuando nuestra reputación sufre ataques" y que "como el tema catalán es hipersensible, y el ministro [Josep Borrell] es especialmente sensible, hay muchos ámbitos desde los que se está trabajando" para contrarrestar lo que define como "desinformación independentista".
"Somos conscientes de que hay mucho en juego y que se tiene que hacer bien", subraya Lozano, para quien "lo que hay ahora es la seguridad absoluta de que, si bien en aquella época (el 1-O) la consigna era 'no se responde', ahora sí que se hará; en la medida en que eso pueda dañar nuestra reputación, contestaremos". "Está claro que nos jugamos mucho en ello", dice. "Está claro que ellos quieren desprestigiar la democracia [española] y el estado español todo lo que puedan, y para defender eso, que es la medula del Estado, tiene que haber dinero y habrá por parte del Gobierno", afirma.
Ante del previsible repunte de campañas independentistas cuando se celebren los juicios por el 1-O, Lozano asegura que "hay una preocupación general en el Gobierno [español]" y varias instituciones ya están trabajando para contrarrestarlo. "Me consta que el poder judicial está muy bien preparado para explicar a la prensa española y extranjera lo que está pasando de verdad, en términos jurídicos y técnicos, porque es previsible que traten de desinformar, de hacer malas interpretaciones de cuestiones procesales para aumentar el victimismo", asegura.
La información "más política" le corresponderá al Gobierno, especialmente a los Ministerios de Presidencia y Asuntos Exteriores, encabezados por Carmen Calvo y Borrell. La Oficina de Información Diplomática (OID) también está preparando vídeos y campañas, algunas de las cuales "ya está difundiendo".
También se cuidará la relación con los corresponsales de prensa extranjeros en España, una relación que "el independentismo hizo muy bien y el Gobierno [español] no tan bien" y, de hecho, ya hay diferentes instituciones que tienen ya planeada esta interlocución con motivo del juicio, como el Consejo General del Poder Judicial o el Ministerio de Justicia y Presidencia del Gobierno. La misma Secretaría de España Global tendrá una portavoz oficial para "estar atendiéndolos constantemente, explicándolos la información veraz y real sobre España", ya que el "compromiso no es sólo con la reputación de España, sino también con la verdad en estos tiempos de fake news".
Preguntada por quién será el responsable de contrarrestar la previsible información sobre los presos políticos o exiliados, Lozano se indigna: "Hombre, si dicen presos políticos, mi abuelo fue un preso político, a mí me parece ofensivo que en un país como este se hable de presos políticos o de exilio, porque lo tiene muy reciente; es una gran operación de desinformación", ha soltado. "Ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch, ni ningún organismo internacional serio los ha reconocido como presos de conciencia ni ha dicho que haya ninguna limitación a la libertad de expresión en España, creo que lo tenemos fácil en este sentido. Se tienen que explicar las cosas como son", ha añadido.
Para Lozano, "el proceso [soberanista] ha sido una fake news gigantesca, y las consecuencias las estamos viviendo", especialmente en Catalunya donde hay "una sociedad partida en dos, se rompe la convivencia, y cuando la desinformación rompe la convivencia, está amenazando la democracia". Lozano también señala que numerosos estudios independientes afirman que lo que ha pasado en Catalunya no ha dañado de manera significativa la imagen en el exterior de España, y en cambio "sí que ha afectado a la reputación de Catalunya".
Según Lozano, "hay un desconcierto en la opinión pública europea sobre cuál es la situación en Catalunya y creo que eso se debe al hecho de que ha faltado explicar por parte de España cuál es la realidad".