El gobierno español estudia contratar a un abogado en Bélgica para defender la justicia española por la demanda civil que el president Carles Puigdemont y cuatro consellers en el exilio han interpuesto contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Fuentes del ejecutivo español apuntan que este es el procedimiento habitual en estos casos porque la Abogacía del Estado no puede actuar fuera de las fronteras españolas. En todo caso, estaría bajo la dirección y la supervisión de este organismo.
Sin embargo, el gobierno español todavía está analizando cuál es la fórmula más adecuada para este procedimiento judicial. En caso de confirmarse, este abogado sería quien comparecería ante el tribunal belga el próximo 4 de septiembre y no lo haría Llarena personalmente ya que es suficiente con que comparezca un representante legal.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el jueves un acuerdo que instaba a los Ministerios de Justicia y Exteriores a adoptar "todas las medidas necesarias" para asegurar "la integridad y la inmunidad" de la justicia española. La comisión permanente de los jueces también acordó dar amparo al juez Llarena.
Los Ministerios de Justicia y Exteriores han empezado a trabajar y estudian contratar a un abogado en Bélgica que represente el Estado en la demanda civil presentada por Puigdemont y cuatro consellers en el exilio contra Llarena. Los dos ministerios están estudiando qué fórmula usan después de que la comisión permanente del CGPJ los instara a buscar "todas las medidas necesarias" para garantizar la "integridad y la inmunidad" de la justicia española en este procedimiento abierto en un tribunal belga.
De momento, sin embargo, la medida no es firme y fuentes del ejecutivo de Pedro Sánchez reconocen a la ACN que se están analizando todas opciones posibles.