El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes una prórroga de los presupuestos de la Generalitat para el 2017. De esta manera, el Govern que se acabe configurando después de las elecciones del pasado 21-D heredará las cuentas que confeccionó el Departament d'Economia liderado a la sazón por Oriol Junqueras para el año que ahora acaba. Así lo ha explicado el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y ejecutor del 155, Roberto Bermúdez de Castro, en una entrevista en la Televisión de Aragón.

Bermúdez, de hecho, ya apuntó en esta dirección en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y Constitucional que tuvo lugar el pasado día 4 de diciembre en el Senado, pero este jueves ha anunciado que la aprobación tendrá lugar este mismo viernes, que, de hecho, es el último día laborable antes de que termine el año. En aquella ocasión, el ejecutor del 155 ya defendió la prórroga como una manera de garantizar la continuidad en la gestión de los servicios públicos.

A finales de junio, el Govern ya anunció que no elaboraría presupuestos para el año siguiente a la espera del resultado del referéndum previsto para el 1 de octubre y, por tanto, ya se preveía empezar el 2018 con una prórroga presupuestaria que luego podría ser sustituida por unas nuevas cuentas.

Las prórrogas presupuestarias, de hecho, son un mecanismo habitual cuando acaba el año y no están preparadas unas nuevas cuentas o cuando el Ejecutivo no tiene apoyos suficientes en el Parlament para sacarlos adelante, como pasó en 2016 cuando no consiguió los votos de la CUP. Ahora bien, este es la primera vez que el Gobierno prorroga las cuentas de la Generalitat, y lo hace debido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el cese del Govern catalán.

La extensión de las cuentas para el 2018 coincide con la renovación de la intervención de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, que, a pesar de que comenzó controlando que no hubiera partidas destinadas al 1-O, continuará con la entrada del nuevo año. Así se acordó el pasado 21 de diciembre en la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos Económicos, ya que pasado el 31 de diciembre quedaba sin efecto el acuerdo previo que permitía esa intervención.