El president Quim Torra ya ha hecho público su Govern; entre los nombramientos de consellers están los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull, en las conselleries de Presidència y Territori, y los exiliados Toni Comín y Lluís Puig, en Salut y Cultura. La decisión de restituir a estos consellers no ha gustado nada al gobierno español, que ya ha hecho público un comunicado oficial tildándolo de "provocación" y amenazando con vetar estos nombramientos.
"La propuesta de nuevos consellers de la Generalitat de Catalunya que ha hecho su Presidente demuestra que la voluntad de diálogo expresada ayer en la carta que se remitió al presidente del gobierno español no era sincera". Con esta dureza empieza el texto; desestimando la propuesta de diálogo que hizo este viernes el president Torra donde pedía a Rajoy dialogar sin condiciones.
Según el ejecutivo de Rajoy, este nuevo Govern "es una provocación porque varios consellers se encuentran huidos de la Justicia o en situación de prisión provisional". La misiva advierte que el gobierno español, a través de su Secretariado, analizará la viabilidad del Govern de Torra "dadas las circunstancias personales de algunos de los designados".
El Estado asegura que Torra no quiere volver a la "normalidad"
El Estado considera que Quim Torra "ha desperdiciado una oportunidad de demostrar su voluntad para recuperar la normalidad", asegura que sus decisiones son una muestra de "querer mantener la confrontación con el Estado y la mayoría de la sociedad catalana". Finalmente, el comunicado recuerda: "Tanto el Gobierno de la Nación, como las fuerzas políticas constitucionalistas hace tiempo que exigen al señor Torra que ponga el punto y final a esta confrontación política".
El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ya anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes que actuaría en caso de que se confirmara la restitución de los consellers que están en la prisión.
Por otra parte, hay que recordar que tanto el decreto de nombramiento de los consellers como el decreto en que se concretan las competencias de cada departamento no entrará en vigor hasta que se publiquen en el DOGC, que se mantiene bajo el control del gobierno español por la aplicación del artículo 155.