"Hace cincuenta años que luchamos por esto; estamos muy emocionadas", ha dicho este miércoles Immaculada Puig Antich en la sede del Ministerio de Memoria Democrática del Gobierno. Visiblemente emocionada, estas han sido todas las palabras que ha sido capaz de pronunciar en un acto organizado por el Gobierno en el que se ha entregado a los familiares de Salvador Puig Antich un documento de "reparación" en favor del anarquista. El atestado admite la "persecución y violencia" sufrida por "causas políticas, ideológicas y de conciencia" por motivo de la dictadura. También se le identifica como "víctima" por haber sido condenado a pena de muerte.
El documento añade que la actual ley de memoria democrática declara "la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualquier otro órgano penal y administrativo, como los Consejos de Guerra, constituidos para imponer condenas o sanciones de carácter provisional, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron, por ser contrarios al Derecho y vulnerar las más elementales exigencias de un juicio justo". La decisión da cumplimiento a una petición del grupo de Junts per Catalunya aceptada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Este miércoles, Ángel Víctor Torres ha celebrado que se pueda celebrar un "acto de reparación y justicia" con las víctimas de la dictadura, así como de "no repetición de la verdad". "No hubo ni la más mínima defensa", ha lamentado el ministro de Memoria Democrática durante su breve discurso en el acto de reparación. Finalmente, ha definido el día como "agridulce", por el hecho de poder hacer justicia con quien fue, en 1974, la última persona ejecutada con el garrote vil por el franquismo. Ha estado presente en este acto el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, así como el secretario de Estado del Ministerio, Fernando Martínez. Immaculada Puig Antich ha sido quien ha hablado, pero la han acompañado sus hermanas Merçona, Montse y Carme.
Petición de Junts al Gobierno
Des de Junts per Catalunya, el senador Eduard Pujol ha recordado que el 13 de marzo pasado, su grupo exigió la reparación mediante una pregunta oral en el pleno del Congreso en la que emplazaba al gobierno español para que pidiera perdón por la ejecución de Puig Antich. Eduard Pujol, entonces diputado, formuló la cuestión al cumplirse 50 años de la muerte del joven libertario catalán a manos del verdugo de la prisión Modelo. El senador ha puesto en valor el papel de Junts en la decisión del actual gobierno español y ha experesado su satisfacción: "Las cosas no caen del cielo".
Puig Antich, el último ejecutado a garrote vil por el franquismo
Salvador Puig Antich tenía solo 25 años cuando fue ejecutado el 2 de marzo de 1974 a garrote vil en la prisión Modelo de Barcelona. Militante anarquista y antifascista, fue condenado a la pena de muerte por un Consejo de Guerra que le consideró responsable del homicidio de un subinspector de policía en Barcelona dentro de un portal del cruce entre las calles Girona y Consell de Cent.
En opinión de las hermanas del anarquista, el acto simbólico de este miércoles devuelve a Salvador Puig Antich la "dignidad" que se le había arrebatado por parte del estado español hace ya cinco décadas. En declaraciones a los periodistas a la salida, han manifestado que con este acto "se ha cerrado un capítulo". "Hoy dormiremos tranquilas", han aseverado; aparte de admitir que de momento la negativa del Tribunal Supremo a revisar el juicio a su hermano queda "suplida".