Bofetada a Manuel García-Castellón por parte del Gobierno. Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha recordado al juez de la Audiencia Nacional que "Suiza es una democracia consolidada", el mismo país que se ha negado a colaborar en la investigación del caso Tsunami Democràtic. Es la única valoración que se ha atrevido a hacer la también ministra de Educación. Porque, preguntada por la decisión de la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de ese país, ha reivindicado que la Moncloa "respeta" todos los fallos judiciales, ya provengan de tribunales españoles o europeos. "Tiene que ser el juez quien dé respuesta" a esta situación, ha sentenciado Alegría.
Resumidamente, Suiza ha cuestionado la investigación por terrorismo que García-Castellón imputa desde España contra Carles Puigdemont y Marta Rovira. El magistrado de la Audiencia Nacional había reclamado a las autoridades suizas que localizaran a la secretaria general de Esquerra Republicana, pero la justicia del país lo ha suspendido. Avisan de que puede existir "carácter político" en la investigación de Tsunami Democràtic. Y es más: piden al juez español que "amplíe la información" sobre la ley de amnistía que se aplicará al independentismo, así como las consecuencias que puede tener esta norma sobre los investigados por la plataforma. Avisa, además, de que no queda clara la relación entre Rovira y Tsunami.
Presión sobre Junts: el PSOE se enroca con la amnistía
Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha señalado en esta rueda de prensa que el deseo del Ejecutivo es llegar "lo antes posible" a un acuerdo con Junts per Catalunya sobre la amnistía. Ahora bien, fuentes del Gobierno aseguran que Pedro Sánchez no ha ordenado a su equipo negociador apretar el acelerador para llegar lo antes posible a un acuerdo con la formación independentista.
Explican que los socialistas siempre se han marcado el plazo de un mes para alcanzar un acuerdo desde que Junts decidió guardar la norma en el congelador del Congreso. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha avisado este mismo martes de que cualquier modificación a la norma será de "materia técnica", en tanto que el texto entró "constitucional" en la cámara baja y así deberá salir de ella. Pero estas mismas fuentes también alertan de que desde el PSOE "no nos movemos, nos hemos plantado".
La también ministra de Hacienda ha deseado, en declaraciones en la cadena SER, que "ojalá" se llegue a un acuerdo entre ambas partes "en las próximas horas o días". Más tarde, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha manifestado en rueda de prensa que el deseo del Ejecutivo es lograr un pacto "lo antes posible". Y de hecho, este lunes, la portavoz del PSOE, Esther Peña, abrió la puerta a poder anunciar "un acuerdo muy pronto". Fuentes del Gobierno, sin embargo, descartan que estas declaraciones puedan tener una lectura entre líneas, y que Sánchez no ha ordenado acelerar las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont.