El Gobierno ha decidido incumplir la resolución de la ONU sobre los derechos de los presos políticos, que sentenció que España había violado el derecho político de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. La cosa es que el ejecutivo estatal ha respondido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que es innecesario adoptar ninguna medida adicional más allá de la publicación del mencionado dictamen en el sitio web del Ministerio de Justicia, según ha adelantado el Ara este lunes y han confirmado fuentes de La Moncloa a la ACN.

En la resolución, la ONU reclamaba "adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se cometan violaciones parecidas en el futuro". De esta manera, el Comité de Derechos Humanos dio 180 días al Gobierno para responder —un plazo que se acaba de cumplir. Es por esto que el viernes pasado la Abogacía del Estado se limitó a contestar que entiende que la difusión del dictamen ya es reparación suficiente e implica dar pleno cumplimiento a la reclamación de Naciones Unidas. En otras palabras: que el ejecutivo estatal considera que no hay que tomar ninguna otra medida porque el dictamen ya señalaba que la resolución de la ONU constituía una "reparación suficiente para la violación dictaminada". De esta manera, La Moncloa ha dado por cerrada la cuestión con la publicación del documento.

Las decisiones de la ONU

Casi cuatro años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó en agosto del verano pasado la decisión sobre la demanda planteada en diciembre de 2018 por Junqueras, Romeva, Rull y Turull contra el estado español. ¿Cuál fue esta decisión? Pues que el Estado vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspenderlos de su cargo como diputados del Parlament. ERC y Junts destacaron que la resolución representaba "una nueva constatación que la represión política del independentismo catalán por parte del estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derecho político esencial en una democracia".

Medio año después, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para evitar que se vuelva a vulnerar el derecho político de los independentistas. Pero no es la primera vez que el ejecutivo estatal incumple lo que dice la ONU. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que la prisión preventiva de los presos políticos fue arbitraria... y un año después, se estableció que España no cumplió las decisiones, ni los liberó, ni los reparó por la vulneración de derechos. Ahora, la historia parece repetirse.