El Govern de Salvador Illa, atrapado entre las urgencias de la Moncloa y las exigencias de Junts al PSOE. El ejecutivo catalán insiste en apelar a la responsabilidad para aprobar el objetivo de déficit, imprescindible para la elaboración de los presupuestos, pero al mismo tiempo admite que las exigencias de Junts para avalar la propuesta pueden acabar representando un incremento de fondos para la Generalitat. "Si aporta recursos, como pueden imaginar, será bienvenido por el Govern", ha admitido la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.
Después de que el Gobierno decidiera aplazar la votación sobre el techo de gasto que inicialmente estaba prevista para este jueves para evitar una nueva derrota en el Congreso, Junts ha insistido en condicionar su voto a que un tercio del margen de déficit sea para las comunidades autónomas. Eso representaría que la capacidad de gasto de las comunidades autónomas pasaría del 0,1 al 0,8%.
Paradoja del Govern
El Govern, por lo tanto, se vería beneficiado por un incremento del déficit que reclama Junts, pero se da la paradoja de que es el grupo parlamentario del PSOE, dentro del cual se encuentra el PSC, quien defiende un objetivo del 0,1% para las autonomías, tal y como ha decidido la Moncloa.
Al ser interrogada al respecto, Paneque ha querido insistir en que esta negociación se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y no afecta directamente al ámbito del Govern, pero ha admitido que cualquier incremento en la línea que reclama Junts sería "en una línea positiva de retorno a las comunidades autónomas, a Catalunya también, y a los ayuntamientos". Asimismo, ha insistido en las advertencias de que si la negociación no prospera representaría una pérdida de 12.000 millones en dos años para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "Desde el Govern emplazamos a las fuerzas políticas del Congreso a tener la responsabilidad necesaria para que no haya esta pérdida económica", ha concluido.
Catalán en la enseñanza
La portavoz ha sido interrogada también sobre el informe del Consejo de Europa que muestra la preocupación por la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en la escuela. La consellera ha asegurado que el Govern se siente "identificado" con este informe, que coincide con el diagnóstico sobre la situación del catalán que ya hizo el Consell Executivo a principios de mes. Ha destacado que las conclusiones coinciden por lo que respecta al uso del catalán en la justicia o en el ámbito sanitario y refuerza la "necesidad de que el catalán sea lengua vehicular en el ámbito educativo".
En cualquier caso, Paneque ha evitado adelantar sobre cuál será la respuesta del Govern ante la sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene que pronunciarse sobre el decreto que aprobó el anterior ejecutivo para evitar la aplicación de la imposición de un 25% de castellano en las aulas. La consellera ha asegurado que respetarán "cualquier sentencia del ámbito judicial" y ha insistido en que mientras no haya decisión seguirán aplicando las políticas que se acordaron en la ley de 2022, que sitúa el catalán como lengua vehicular.