El Govern de Salvador Illa no esconde la preocupación por el impacto que está sufriendo la negociación de los presupuestos a raíz de los procesos congresuales de los socios de investidura, ERC y Comuns. La consellera de Presidència, Sílvia Paneque, ha insistido en que el Govern mantiene el objetivo de conseguir tener los presupuestos vigentes el 1 de enero, lo cual requiere que el Consell Executivo apruebe el proyecto como muy tarde el 15 de noviembre para poderlo tramitar en el Parlament. Ante estos plazos Paneque ha hecho un llamamiento a los partidos a trabajar en las cuentas a pesar de las "circunstancias" y ha insistido en la necesidad en conseguir los nuevos presupuestos para dar respuestas a las necesidades de los catalanes pero también para poder cumplir los compromisos adquiridos por el ejecutivo con respecto a la nueva financiación.
Desde hace semanas ERC vive sumergida en un intenso debate interno que se cerrará el 30 de noviembre en el congreso que tiene que renovar a la ejecutiva del partido, mientras que el congreso de los Comuns se celebrará el 16 y 17 de noviembre. A pesar del llamamiento que ha expresado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Ejecutiu, Paneque ha evitado pronunciarse sobre el efecto que estas cumbres, y en particular la de Esquerra, pueden acabar teniendo en el futuro acuerdo presupuestario.
En cualquier caso, ha quitado hierro a la posibilidad de que el proyecto no llegue a tiempo para ser aprobado antes del 31 de diciembre y ha subrayado que "la cuestión es llegar a un buen acuerdo con los socios de investidura". Ha afirmado que continúan las conversaciones con ERC, aunque fuentes republicanas aseguran que se ha celebrado una sola reunión en que se los facilitó los datos macroeconómicos, y que también siguen las conversaciones con los Comuns, con quienes celebrarán esta semana una reunión sobre vivienda. "Hay razones para seguir trabajando con los presupuestos independientemente de los procesos congresuales", ha insistido.
Este martes el Govern ha aprobado el proyecto de ley para la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya, que impulsan las conselleries de Drets Socials i de Salut. Este proyecto empezó a tramitarse la anterior legislatura pero decayó con la disolución del Parlament.