En abril de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de vivienda, uno de los hitos del gobierno de Pedro Sánchez, con el voto a favor de la mayoría de izquierdas que había en la cámara española en la pasada legislatura, es decir, sin Junts —entonces el PSOE no necesitaba sus votos a favor— y con ERC. Esta semana, después de que el Consell de Garanties Estatutàries concluyera que determinados artículos de la ley de vivienda "vulneran las competencias exclusivas que el Estatut concede a la Generalitat", el Govern ha aprobado presentar un recurso contra once artículos, enteros o alguno de sus apartados, y dos disposiciones transitorias.

Aunque ERC formó parte de la mayoría que permitió la aprobación de esta ley en el Congreso, con el voto afirmativo de los trece diputados que tenía entonces en el Congreso, meses más tarde, en agosto, el grupo parlamentario de los republicanos registró en el Parlament una propuesta de resolución para presentar un recurso al TC contra esta norma, con el objetivo de "defender a la Generalitat y al mismo tiempo mantener la normativa en relación con los avances en materia de vivienda para todo el mundo". La cámara catalana, con la mayoría de los partidos independentistas, aprobó presentar un recurso contra la ley, mientras que los dos partidos que forman parte del Gobierno, el PSC y los comunes, votaron en contra. Antes, el Consell de Garanties Estatutàries también había advertido de la invasión de competencias en un dictamen solicitado por Junts.

En el pleno del Parlament donde se debatió la presentación de este recurso, ERC se enfrentó a una lluvia de críticas tanto por parte de los partidos independentistas, que le reprochaban haber aprobado la ley en primer término en el Congreso, como del PSC y los comunes, que criticaban que el partido quisiera "estar en misa y repicando", aprobando la ley y después llevándola al Constitucional.

Artículos que no hacen referencia a la contención de rentas del mercado del alquiler

Ahora, en un comunicado publicado este martes después de la reunión del Consell Executiu donde se aprobó presentar un recurso de inconstitucionalidad, el Govern señalaba que "los términos tan genéricos en los que están redactados estos preceptos podrían permitir el desarrollo de una política pública del Estado en materia de vivienda que desplazaría la política pública propia de la Generalitat". En el texto, especifican que ninguno de los once artículos que se recurrirán ante el Tribunal Constitucional hace referencia a los "diversos mecanismos previstos por la ley para la contención de rentas del mercado del alquiler", en línea con lo que defendió la consellera Ester Capella en el Parlament cuando se debatió la presentación del recurso, donde reafirmó el compromiso del Govern con la implementación de la ley en cuestión, pero aclarando que "defender el autogobierno es defender el derecho a tener derechos".

El pasado mes de abril, en el pleno del Congreso donde se aprobó la ley, Junts, el PDeCAT y el PNV ya advirtieron de la invasión de competencias y votaron en contra, mientras Esquerra reprochaba a su rival independentista que su voto tenía una carga ideológica. La diputada de ERC Pilar Vallugera afirmó que la legislación "permitiría avanzar", a pesar de admitir que también tenía aspectos a mejorar. También sacó pecho por haber logrado retocar buena parte de la primera ley de vivienda que había propuesto el Gobierno, que calificó de impresentable.