Nueva ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Tribunal Constitucional. Esta vez contra PP y Vox, y en defensa de la ley española de memoria democrática aprobada en 2022. El ejecutivo del PSOE ha decidido encargar a los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un informe para llevar ante el TC la ofensiva de los gobiernos autonómicos de PP y Vox contra la legislación estatal. Se trata de normas llamadas "de concordia" impulsadas por gobiernos de coalición populares y ultras en el País Valencià, Aragón y Castilla y León.
El ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, ha argumentado este lunes en TVE, que estas dos formaciones pretenden "blanquear la dictadura" y un golpe de estado. Con respecto a Aragón, el gobierno autonómico que preside el popular Jorge Azcón, ya derogó el pasado mes de febrero la ley de memoria de la comunidad autónoma. Ahora, PP y Vox pretenden aplicar en este territorio un "plan de concordia" que se aplique, por lo que entienden estas dos formaciones, a "todas las víctimas". Es por eso que ahora el Gobierno, tal como ha explicado Torres, instará al gobierno de Azcón a sentarse en una mesa bilateral. En caso de que los aragoneses se nieguen a ello, automáticamente picarán a la puerta del Constitucional.
Con respecto a Castilla y León y el País Valencià, las normas de PP y Vox no han sido todavía aprobadas. Son proposiciones de ley. Hay que recordar, no obstante, que ambas formaciones tienen mayoría en los dos territorios, motivo por el que gobiernan en coalición. Según Ángel Víctor Torres, se trata de normas que "vulneran el derecho internacional". Y ha lamentado, por ejemplo, que la norma aragonesa "retira el homenaje a la gente que perdió la vida" en la Guerra Civil.
Sánchez también recurre ante el Constitucional la ILP de la independencia
Es la segunda vez en pocos días que el Gobierno decide escudarse a través del Tribunal Constitucional. Ya lo hizo la semana pasada, cuando Pedro Sánchez optó por impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlamento para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para declarar la independencia, y pidió la suspensión de la tramitación de manera inmediata. El ministro Félix Bolaños argumentó que la estrategia del ejecutivo del PSOE es "absolutamente coherente" con su política sobre Catalunya, marcada por la ley de amnistía y la negociación en múltiples frentes con Junts y ERC.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes esgrimió en rueda de prensa que el recurso pretende actuar contra una iniciativa "divisiva" que, según su opinión, genera "tensión y fractura social y política". Bolaños argumentó que esta maniobra protege la Constitución, que es "el marco de diálogo y de convivencia", protege el Estatuto de Autonomía y el autogobierno de Catalunya, que están regulados en normas que la ILP "tiraría al suelo", y protege "el diálogo, los acuerdos y la capacidad de entendrerse".