El Gobierno sigue sin cuestionar las decisiones de los tribunales españoles respecto a los presos políticos catalanes. Después de que el Tribunal Supremo haya tumbado los permisos del 100.2 de Carme Forcadell, el ministro de Justicia ha expresado su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales. Juan Carlos Campos ha subrayado el "papel constitucional" que ejerce la sala segunda y que da "seguridad jurídica" a las decisiones en materia penitenciaria. El tribunal presidido por Manuel Marchena también ha abierto la puerta a revisar los permisos y la clasificación de todos los presos políticos más allá de la expresidenta del Parlament.
En declaraciones a los medios este jueves, Juan Carlos Campo ha reiterado el mensaje habitual: "Como ministro de Justicia solo puedo decir que respeto absoluto a las decisiones judiciales. No valoración y acatamiento". En este sentido, el dirigente socialista ha remarcado que el Supremo "cumple su papel constitucional marcando doctrina", que explica las motivaciones y que da pautas a seguir. "Eso da seguridad jurídica y eso en un estado de derecho es más que necesario", ha concluido el máximo responsable de Justicia.
El Supremo abre la veda
El permiso penitenciario para que Carme Forcadell saliera a trabajar no está justificado. Al menos así lo cree el Tribunal Supremo, que ha establecido que la competencia para resolver los recursos de apelación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario es del tribunal sentenciador, es decir, suya. Y con esta competencia ha revocado la aplicación del artículo 100.2 a la expresidenta del Parlament "por falta de justificación y desconexión con la reinserción". Es el permiso del que disponían los presos políticos cuando todavía no habían obtenido el tercer grado penitenciario. De este modo, también estudiará el del resto de presos. Los jueces avisan de que no puede ser un tercer grado encubierto.