El gobierno de Carlos Mazón ha adjudicado a dedo contratos para las tareas de reconstrucción de la DANA que suman decenas de millones de euros. Algunas de estas adjudicaciones se han hecho a constructoras vinculadas con casos de corrupción del PP en el País Valencià, como el caso Gürtel o el caso Taula. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, liderada por Miguel Barrachina, y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, con Vicente Martínez Mus al frente, son los dos principales departamentos que han otorgado estos contratos de emergencia, que superan los 50 millones de euros. Hay que añadir, además, los otorgados por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), adscrita a la segunda conselleria; y el Instituto Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), adscrito a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Paralelamente, la Diputación de València también ha destinado 71 millones de euros a varias actuaciones en respuesta a la DANA, entre las cuales también se encuentran licitaciones a constructoras vinculadas a la corrupción.
La empresa CHM Obras e Infraestructuras SA ha recibido 21,7 millones de euros a través de varios contratos, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado. En concreto, la conselleria que dirige Barrachina le ha otorgado un contrato de 11,5 millones de euros para rehabilitar la carretera CV-36 y el viaducto que atraviesa el Barranco de Poio por los municipios de Alaquàs, Aldaia y Torrent; y otro, a través de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, de 4,2 millones de euros, para rehabilitar el puente ferroviario sobre el barranco de Poio en Paiporta y corregir estructuras en el tramo Picanya-Castelló. La Diputación de València le ha adjudicado dos contratos más que suman 3,2 millones de euros, mientras que EPSAR ha otorgado otro por valor de 2,8 millones de euros. Los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna fueron condenados en el marco del caso Gürtel cuando eran presidente y secretario general del consejo de administración de esta empresa, que continúa en manos de la misma familia, bajo la presidencia de otro hermano, Fransico Javier Martínez Berna.
Otras licitaciones en el punto de mira son las otorgadas a Becsa SA, que ha recibido cerca de 13 millones. La conselleria de Infraestructuras le ha encargado la reconstrucción de los puentes de la carretera CV-50 a Cheste con una licitación de 6,7 millones de euros, mientras que la conselleria de Agricultura le ha adjudicado un contrato de 3,9 millones de euros, el EPSAR, uno de 2,3 millones; y la Diputación de València, uno de 1,2 millones. El administrador único de esta constructora, Gabriel Alberto Batalla Reigada, fue condenado junto con los hermanos Martínez Berna en la pieza de la trama Gürtel relativa a la financiación ilegal del PP valenciano.
Fomento de Construcción y Contratas (FCC Construcción) ha recibido una adjudicación de 10,3 millones de euros del departamento de Martínez Mus para rehabilitar las carreteras CV-33 y CV-33 y el viaducto de esta última sobre el barranco de Poio en el municipio de Torrent. Su filial, FCC Aqualia, ha recibido un contrato de 7,4 millones de EPSAR para reparar depuradoras afectadas por la DANA. Esta empresa fue condenada al caso Taula por haber financiado la campaña electoral del PP de València a las elecciones municipales de 2007. Las adjudicaciones en Rover Alcisa y Pavasal SA, condenadas también en el caso Taula, ascienden a 20,1 millones y 8,1 millones de euros, respectivamente. Finalmente, la empresa Ocide Construcción, ha recibido 15,5 millones de euros en dos contratos de la conselleria de Agricultura y de EPSAR, a pesar de que está actualmente investigada en el marco del caso Azud, por el posible cobro de comisiones en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de València cuando estaba liderado por la popular Rita Barberá.