Más pasos. La titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, que investiga si los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba fueron espiados con Pegaus, ya ha enviado al Consejo de Ministros el suplicatorio para que desclasifique documentos secretos relacionados con el uso de este software en la investigación a independentistas catalanes, conocido como CatalanGate, según ha informado este jueves ERC. Los republicanos han afirmado en un comunicado que "no entenderían que el ejecutivo no responda positivamente a la petición de la jueza después de hacerlo público en reiteradas ocasiones". El partido ya anunció que la magistrada, además, ha citado a declarar al presidente del Consejo Nacional y del grupo de Esquerra Republicana en el Parlament, Josep Maria Jové, y la portavoz republicana en el Parlamento Europeo, Diana Riba, el próximo 26 de mayo, para que ratifiquen la querella que presentaron, con la pericial aportada, que confirma la investigación de Citizen Lab, que evidencia que fueron monitorizados, a través de sus móviles.
La magistrada Eva Moltó, forzada por la Audiencia de Barcelona a investigar, tal como le reclamaba el abogado de los republicanos, Andreu van den Eynde, ya dictó una resolución en que solicitaría al gobierno del PSOE el levantamiento del secreto en relación con la investigación a los dos republicanos. En la resolución, con una motivación bastante escueta, la jueza afirma que es "imprescindible", que se desclasifique documentos y archivos con el fin de poder interrogar, en calidad de testigo, a la directora del CNI, a Esperanza Casteleiro. El objetivo del penalista es que "Casteleiro no pueda escudarse en el secreto oficial para no hacer una declaración efectiva, tal como hizo ante el Comité Pegasus del Parlamento Europeo", recuerdan los republicanos.
El suplicatorio de la magistrada
En la resolución, de una plana| y fechada el 21 de abril pasado, la magistrada de Barcelona acuerda remitir el suplicatorio al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de la Presidencia, "a fin y efecto que proceda a desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones datos y objetos declarados secretos y que puedan ser afectados por la próxima declaración de la directora del CNI con relación a los hechos que son objeto de esta querella". Jové y Riba se querellaron contra la empresa NSO Group, propietaria de Pegasus, por supuestamente vender este software al Estado español, que lo usó contra los republicanos y otras personas. El Gobierno admitió que había espiado a 18 personas, con autorización judicial, como el presidente Pere Aragonès.
La respuesta a la ONU
En el comunicado, Esquerra Republicana afirma que "da por hecho" que el Gobierno de Pedro Sánchez atenderá la petición de la magistrada "después de admitir, en reiteradas ocasiones, que haría efectiva la desclasificación de documentos si lo pedía un juez. Añade que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "verbalizó esta medida el 24 de abril de 2022", después de un encuentro con la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, en el Palau de la Generalitat. Desde entonces, sostiene ERC "al ejecutivo ha insistido en esta posibilidad de manera repetida en declaraciones y filtraciones en la prensa".
Además, ERC manifiesta que el gobierno del PSOE lo ha admitido, por primera vez por escrito, a la respuesta que ha hecho llegar a las Naciones Unidas (ONU). En esta respuesta, derivada de la comunicación impulsada por la secretaria general del partido, Marta Rovira, ERC asegura que el Gobierno "admite por primera vez que la posibilidad de que se hayan producido espionajes sin autorización supondría una 'vulneración de derechos fundamentales'. En este informe, pero el ejecutivo español asegura que no hay persecución política y cita la mesa de diálogo con el Govern de ERC y los indultos que concedió a los presos políticos.
ERC insiste en que "para conseguir transparencia, reparación de las víctimas y garantías de no repetición" seguirá luchando dentro y fuera de los tribunales para erradicar estas prácticas.
En la foto principal, el ministro Félix Bolaños y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà. / Foto: ACN