Parece que el Gobierno mueve ficha para cumplir su promesa de hacer oficial el catalán en la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este lunes con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, para abordar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Eurocámara. En un mensaje en X, el mismo Albares ha dejado claro que es una "prioridad" del ejecutivo de Pedro Sánchez que estas lenguas se conviertan en oficiales. "Hemos acordado trabajar juntos con este objetivo", ha escrito en el tuit. El encuentro es especialmente relevante porque Budapest asumirá la presidencia de turno del Consejo de la UE el próximo lunes, 1 de julio, en relevo de los belgas; y porque Hungría descartó no hace ni una semana que la oficialidad del catalán volviera a la agenda de momento.
Hungría afirmaba que "no hay la intención" de llevar a debate la iniciativa
La conversación, que no aparece en la agenda oficial y se ha producido en los márgenes de una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, sorprende teniendo en cuenta las palabras del embajador húngaro ante la UE, Bálint Ódor, el 18 de junio. "No hay la intención" de que vuelva a la agenda, afirmaba el político en una rueda de prensa. Eso sí, dejó la puerta abierta a volver a abordar la cuestión en caso de que sea "necesario".
La oficialidad del catalán solo se ha tratado una vez
Desde que el Gobierno presentó la petición de oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en agosto en el marco de las negociaciones con el independentismo para investir a Pedro Sánchez, la cuestión solo se ha tratado una vez en la Eurocámara. Fue el 19 de marzo cuando el ejecutivo español expuso sus argumentos a favor de la propuesta, y algunos estados, como Finlandia y Lituania, verbalizaron su temor a "posibles repercusiones" dentro de su territorio por parte de otras lenguas minoritarias. En este sentido, los socios comunitarios pidieron informes sobre el coste de la inclusión de las tres lenguas en el régimen lingüístico de la UE, así como un pronunciamiento de los servicios jurídicos del Consejo sobre la legalidad de la iniciativa.