Respuesta previsible. El Consejo de Ministros ha negado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya espiado al exeurodiputado republicano Jordi Solé y el abogado de ERC, Andreu Van den Eynde, con el software Pegasus ni el 2020 ni "nunca", a pesar de las evidencias denunciadas, según han confirmado fuentes judiciales a ElNacional.cat este martes. La titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, Maria Antònia Coscollola, presentó un suplicatorio al Gobierno para que desclasificara información sobre el CNI y aclarara si había comprado Pegasus y si había investigado a Solé entre el 11 y el 27 de junio de 2020, y a Van den Eynde, en mayo de 2020, tal como detallaron Citizen Lab en la investigación CatalanGate, con unas 65 personas afectadas, entre políticos, abogados y personas vinculadas con el independentismo catalán. El Consejo de Ministros, del 3 de septiembre pasado, aprobó desclasificar el funcionamiento secreto del CNI solo para negar este espionaje al abogado de Oriol Junqueras y al entonces eurodiputado de ERC.
"Con esta respuesta del Consejo de Ministros no tenemos suficiente. Hay muchos indicios que dicen todo el contrario", ha declarado Jordi Solé a este diario. El exeurodiputado ha recordado las periciales privadas, diferentes de la investigación de Citizen Lab, aportadas al juzgado que evidencian que su móvil fue infectado en junio del 2020, cuando en la ejecutiva de ERC debatían si tenía que asumir, tal como hizo, el acta de Oriol Junqueras, a quien el Supremo le negó este derecho político al condenarlo por sedición por el procés. Además, la empresa NSO explicó en la comisión del Parlamento Europeo, que solo vendía el software Pegasus a agencias policiales gubernamentales, recuerda Solé, que en junio dimitió de la ejecutiva del partido republicano, después de 13 años, por relegarlo en la lista a los comicios europeos. Añade que el Defensor del Pueblo, en un informe, detalló que el CNI había espiado a 18 personas, vinculadas con el independentismo catalán, con el permiso del juez de control del Supremo, y donde se incluía el president Pere Aragonès.
La misma infección que Aragonès
Y el indicio más evidente, según Solé, es que la infección que sufrió su móvil es el mismo dominio y técnica que se usó con el president Pere Aragonès, que es por ahora el único espionaje admitido por el CNI. "Por todo eso, pedimos que se investigue hasta saber la verdad porque se nos han vulnerado derechos fundamentales", ha sentenciado al republicano. En el caso de Van den Eynde, sufrió la infección, durante la pandemia, cuando hablaba con otros abogados de los presos polítcos por el ordenador para diseñar estrategias en los recursos contra las elevadas condenas y para sacarlos de la prisión.
Reclamación de información urgente en NSO
Por todo eso, Van den Eynde y Solé ha pedido ahora a la magistrada que vuelva a dictar una orden europea de investigación (OEI) de forma "urgente" a fin de que la sociedad NSO GROUP, fabricante del software Pegasus, y con sede en Luxemburgo, además de Israel, contraste esta información y aclare si el Gobierno le contrató Pegasus y para espiar a quién.
En concreto, se tiene que solicitar la colaboración de las autoridades luxemburguesas para que comuniquen este requerimiento a la empresa OSY Tecnhnologies SARL, que tiene este nombre en este país. Además, recuerdan a la magistrada que ya aprobó la imputación por el delito de revelación de secretos de la representante mercantil de OSY. Y hasta ahora, no se ha obtenido ninguna respuesta.
"La responsabilidad criminal del CNI, de sus miembros o responsables, no puede descartarse todavía, haciendo necesaria la investigación a través de cooperación judicial internacional para que sean las empresas comercializadoras de Pegasus las que confirmen de qué forma se hizo uso en España y si efectivamente el único cliente español de NSO es el CNI", manifiesta el penalista Andreu Van den Eynde en el escrito presentado al juzgado. Y añade: "No dejaba de ser previsible que los responsables del CNI no admitieran la responsabilidad penal asociada a actos de espionaje ilegal si los han cometido (los delitos tienen asociada pena de prisión de hasta 4 años y de inhabilitación de hasta 12 años)."
Precisamente, este requerimiento de información es el que ahora ha avalado la Audiencia de Madrid al reabrir el caso del espionaje con Pegasus a Gonzalo Boye, abogado del president en el exilio, Carles Puigdemont, y otros cargos de Junts. El tribunal ha hecho reabrir la investigación a la titular del juzgado de instrucción 29 de Madrid y requerir a la empresa información sobre este espionaje. La dificultad para aclarar el espionaje del Gobierno con Pegasus es que está repartido en más de una decena de juzgados, la mayoría de Barcelona, donde los afectados piden las mismas pruebas.
Tres peticiones de desclasificación
El caso de Solé y Van den Eynde es la tercera petición de desclasificación de información del CNI por el espionaje con Pegasus. El gobierno de Pedro Sánchez ya respondió a los diputados republicanos Diana Riba y Josep Maria Jove, en agosto del 2023, que el CNI no les había seguido con Pegasus, en la causa que tiene abierta la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona.
De forma excepcional, el gobierno socialista desclasificó, a pesar de que parcialmente (ya que el expediente tiene partes pintadas) el secreto del CNI por el espionaje en Pere Aragonès, a petición del titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona. El magistrado Santiago García abrió una pieza secreta para aclarar el espionaje de Aragonès, que finalmente ha entregado el móvil al juzgado. Además, el juez García es el único que ha imputado a la exdirectora del CNI, Paz Estebán, por el espionaje de Aragonés y la Audiencia de Barcelona tiene pendiente de resolver la petición de archivo por parte de su defensa.
El Gobierno lo justificó diciento que se quería aclarar los vínculos de Aragonès con el movimiento de Tsunami Democràtic y de los CDR, el 2019 y el 2020, hecho inverosímil. El abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde, demostró con una nueva pericial que también había sido infectado en el 2018, y por lo tanto sin aval judicial y de forma ilegal.
Hay otros juzgados de Barcelona que tienen las causas dormidas, por las querellas de la CUP, Òmnium y la ANC, además de otros republicanos. La unidad informática de los Mossos de Esquadra ha certificado la infección en móviles de cupaires y de ERC.