El pasado mes de agosto, el diario suizo Blick —el más vendido del país— publicaba que la embajada española en Berna siguió de cerca la relación entre independentistas catalanes y políticos suizos e hizo informes de detalle de estos seguimientos. A raíz de esta información, parlamentarios suizos y españoles han preguntado en varias ocasiones a los respectivos gobiernos sobre esta cuestión. Medio año más tarde, Moncloa ha contestado negando rotundamente el seguimiento.
El primero en trasladar el presunto espionaje al hemiciclo del país helvético fue el diputado socialista Pierre-André Comte en agosto de 2019. Concretamente, preguntó por escrito sobre esta cuestión al gobierno cantonal del Jura. Comte quería saber si el gobierno podía asegurar que el espionaje español en Suiza no afectaba directamente a políticos ni funcionarios electos. Si no es así, el diputado quería que el cantón exija más control al ministerio federal de Asuntos Exteriores. En caso afirmativo, pedía que el ejecutivo cantonal exija la entrega de la lista de personas afectadas por la vigilancia española.
El asunto tomó más eco parlamentario cuando el diputado del cantón de Valais, Mathias Reynard, mostró su indignación a las redes por la presunta vigilancia a representantes electos suizos.
L'Espagne fait surveiller des élus suisses. Des méthodes inacceptables, qui montrent une nouvelle fois le refus de tout débat démocratique à propos de la Catalogne (prisonniers politiques, répression lors du vote populaire...). https://t.co/y03mnzk3H4
— Mathias Reynard (@MathiasReynard) Augusto 12, 2019
Contactos vivos con Catalunya
Se da la circunstancia que los dos parlamentarios suizos que manifestaron su malestar —como también el resto de diplomáticos helvéticos a quien el Gobierno espió presuntamente— habian demostrado abiertamente su apoyo al derecho de autodeterminación de Catalunya.
Comte es también secretario general del Movimiento Autonomista del Jura, que reúne a todos los partidos favorables a la reunificación de una parte del Jura, francoparlante, que pertenece al lado vecino de Berna, germanohablante. Comte sospechaba entonces que los servicios españoles habían sometido a vigilancia específica a los autonomistas del Jura. Es él quien recibió al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en la Fiesta del Pueblo del Jura, en septiembre del 2018, en la villa de Delémont. Puigdemont, a su vez, recibió a Comte en febrero de 2019 en Waterloo.
Reynard, por otra parte, co-preside al grupo de amistad Catalunya-Suïssa, creado en 2016 por diputados de varios partidos políticos suizos. Hoy por hoy, Costa todavía no ha visitado Suiza.
El espionaje llega al Congreso
Fue a finales del año pasado cuando en España se quiso aclarar la cuestión. Jon Inarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso, preguntó por escrito al ejecutivo Sánchez —entonces en funciones— una serie de preguntas para profundizar en las prácticas del Gobierno e indagar en la incomodidad de los parlamentarios suizos. Las preguntas fueron directas y contundentes, dejando poco margen para la beligerancia. ¿Sabe el Gobierno si los funcionarios de la embajada han espiado a representantes políticos suizos? ¿Si es así, por qué motivos? ¿Sabe el Gobierno qué información se buscaba? ¿Ha habido contacto entre las autoridades españolas y suizas?
No fue hasta este miércoles que el Gobierno se ha pronunciado sobre la cuestión. La respuesta a la petición de Iñarritu enmarca el seguimiento a los responsables políticos suizos en la "tarea de información habitual de las embajadas" y lo remite al interés de los ministerios de Asuntos Exteriores —capitaneado por Josep Borrell la pasada legislatura y en el momento en que se tramitó la pregunta—, Unión Europea y Cooperación. El procedimiento, "de carácter legal y que en ningún caso puede ser considerado de espionaje", deja claro el Gobierno, "se desarrolla a través de contactos personales y recurriendo a fuentes públicas".
La respuesta del ejecutivo es contundente. Ahora bien, el comunicado no hace mención al hecho de que la embajadora española en Suiza pidió ayuda al CNI para espiar la delegación catalana. Según avanzó eldiario.es, concretamente, a la embajadora, Aurora Díaz-Rato, pidió que Madrid enviara un "conseller o agregado de Interior" a Ginebra de forma permanente para controlar la actividad de la delegación catalana.