Cuando hace justo cincuenta y un años de la condena a muerte a Salvador Puig Antich por parte de un tribunal militar de Barcelona, el Gobierno ha oficializado la nulidad del juicio y la condena, tal como avanza este miércoles El Punt Avui. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a cargo del ministro Ángel Víctor Torres, ha emitido un avance resolución en el cual declara "ilegal e ilegítimo" aquel tribunal militar y, por lo tanto, "nula" la condena que lo llevó a la muerte por garrote vil. Se trata de la culminación de un proceso de reparación, en el marco de cumplimiento de la ley de memoria democrática del 2022, que el Estado ya inició el año pasado al considerar que el caso de Puig Antich respondió en "persecución y violencia" sufrida por "causas políticas, ideológicas y de conciencia".
La nueva resolución, firmada por el ministro Torres con fecha de 30 de enero, afianza qué Salvador Puig Antich "sufrió persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista" y que, por lo tanto, "tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva". El documento también recoge algunos pocos datos biográficos de Puig Antich relativos a la condena y muerte —considerada responsable del homicidio de un subinspector de policía dentro de un portal del cruce entre las calles Girona y Consell de Cent—: el texto señala que fue miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), que fue detenido el 25 de septiembre de 1973 en Barcelona y que en el momento recibió tiros en la cara y los hombros, por lo que pasó primero por el Hospital Clínic antes de acabar en la prisión Modelo de Barcelona. Allí fue juzgado el 8 de enero por un tribunal militar en Consejo de Guerra y fue condenado a muerte por garrote vil, efectuándose el 2 de marzo de 1974.
Un acto de reparación con la familia de Puig Antich
Ya en octubre el Gobierno hizo entrega de un documento de reparación a los familiares vivos de Salvador Puig Antich. "Hace cincuenta años que luchamos por eso; estamos muy emocionadas", afirmó entonces, emocionada, Immaculada Puig Antich en la sede del Ministerio de Memoria Democrática. El atestado ya admitía la "persecución y violencia" sufrida por "causas políticas, ideológicas y de conciencia" por motivo de la dictadura. También se lo identificaba como "víctima" por haber sido condenado a pena de muerte. Ángel Víctor Torres celebró el "acto de reparación y justicia" con el militante anarquista. "No tuvo ni la más mínima defensa", lamentó el ministro de Memoria Democrática durante su breve discurso en el acto de reparación, que definió como día "agridulce". En opinión de las hermanas de Puig Antich, el acto simbólico devuelve la "dignidad" que se le había arrebatado. En declaraciones a los periodistas a la salida, manifestaron que con este acto "se ha cerrado un capítulo". "Hoy dormiremos tranquilas", aseveraron; además de señalar que de momento la negativa del Tribunal Supremo a revisar el juicio a su hermano queda "suplida".