El Gobierno se opone a la existencia de un salario mínimo interprofesional (SMI) adaptado al coste de la vida de las distintas comunidades autónomas del Estado. Es decir, que el sueldo mínimo de Barcelona y Madrid no sea el mismo que el de Cáceres o Burgos. La excusa es, como tantas otras veces, que la Constitución lo impide. Se ha pronunciado de esta manera el ejecutivo de Pedro Sánchez en una interpelación en el Senado por parte de Junts per Catalunya a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. En opinión de los socialistas, tanto el sueldo mínimo como las pensiones tienen que mantenerse iguales en todo el Estado.

Teresa Pallarès, senadora de Junts per Catalunya, ha defendido en esta cámara la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) y las pensiones de los catalanes de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) del país. Porque según la senadora independentista, hay que adaptar este sueldo mínimo al "coste real" de la vida de los catalanes. "Si no se tiene en cuenta el coste de la vida para establecer este SMI lo que hacemos es empobrecer a los ciudadanos de Catalunya con respecto a los otros territorios", ha dicho durante la celebración de este debate.

Durante su intervención, Pallarès ha argumentado que "la equidad implica dar a cada uno lo que necesita, no a todos lo mismo, porque el contexto económico no es el mismo" en los diferentes territorios del Estado. También ha apuntado que los catalanes cada vez son "más pobres" por el simple hecho de residir en Catalunya. "Eso es en parte a costa de que otras personas puedan vivir mejor en otros territorios del Reino de España", ha lamentado.

Así, ha denunciado que al "problema endémico" de la financiación de la Generalitat se le tiene que añadir que el salario mínimo interprofesional o las pensiones no tengan en cuenta el coste de la vida de los catalanes. En esta interpelación, ha defendido que "no hay duda que el coste de la vida varía de un territorio a otro, y esta variación es significativa y relevante si se hace un análisis económico". "A consecuencia de eso, los diferenciales de precios entre territorios pueden tener, y tienen, un impacto considerable en los individuos que residen allí", ha añadido en una intervención en que ha expuesto unos datos que sitúan el coste de la vida en Catalunya en un 7,6% más elevado que la media estatal, mientras que el salario mínimo es lo mismo.

Pero la ministra Saiz ha dicho que es un "mandato constitucional" que el salario mínimo sea "igual para todos" los ciudadanos españoles independientemente de la edad, el sexo o el territorio donde vivan. Sin embargo, ha afirmado que el ejecutivo ya tiene en cuenta elementos como el IPC, la productividad o la situación económica para marcar el salario mínimo. "El SMI puede ser mejorado por convenio colectivo", ha añadido ante la intervención de Junts. Con respecto al importe de las pensiones, la ministra ha resaltado que no se calcula en función del coste de la vida de cada territorio, sino según la edad de jubilación o el importe cotizado de cada ciudadano. De hecho, ha destacado que la pensión media de Catalunya es de 1.534 euros y está por encima de la media española. "No es procedente adaptar el coste de las pensiones al IPC autonómico por el principio de solidaridad, equidad y unidad del sistema", ha sentenciado.