Desde principios de enero, los comunes han ido advirtiendo al Govern que, si no se llegaba a un acuerdo por el régimen sancionador para quien se salte la Ley de vivienda, dejarían de dar apoyo a las políticas de Salvador Illa. A punto de llegar a la fecha límite que se habían fijado los de Jéssica Albiach, el 31 de enero, este lunes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la líder de los comunes han sellado el acuerdo en la sede del Departament. Según los comunes, este régimen sancionador es la fórmula para acabar con el grado del alquiler de temporada, que describen como la "vía que se está utilizando para saltarse los topes que marca la ley". Según datos del Observatorio de la Vivienda de Barcelona, publicadas en el 2024 en el estudio La oferta de alquiler de temporada, este se ha elevado hasta un 40% de la oferta en la capital catalana, ya que se trata de un alquiler que todavía no está regulado.
Concretamente, Panque y Albiach han pactado la modificación del artículo 45 de la Ley de vivienda de Catalunya del 2007 y tipificar la simulación o fraude del contrato, obligando a definir la finalidad del contrato y también regulando la Ley de Consumo. A esta se le añade una nueva infracción en los casos que haya prácticas abusivas en la contratación de arrendamientos. La diputada de los comunes, Susanna Segovia, ha explicado, después del encuentro, que la voluntad de este pacto es que el régimen sancionador tenga un efecto disuasorio. Paneque, también portavoz del Govern, no ha comparecido para explicar el acuerdo, sino que solo lo han hecho Albiach y Segovia.
Infracciones muy graves, con multas de hasta 900.000 euros
A partir del momento en que el Govern apruebe este martes el decreto, que en el plazo de un mes tendrá que tener también el aval del Parlamento (los comunes confían en poder conseguir el sí de los 20 diputados de Esquerra Republicana, considerando que el régimen sancionador incorpora elementos del decreto de alquileres de temporada que aprobó el Govern Aragonès, pero que decayó con los votos en contra de PSC y Junts el pasado mes de mayo), se podrán sancionar con hasta 900.000 euros tres nuevas infracciones muy graves. Estas son: poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el índice de precio de referencia, que no conste la finalidad del contrato o poner una de fraudulenta y cargar los gastos de gestión al inquilino.
En el caso de las sanciones consideradas graves, las multas irán de los 9.001 a los 90.000 euros, y se han incorporado tres nuevas situaciones: poner un precio de alquiler hasta un 30% por encima del índice de precio de referencia y no hacer constar en el contrato o en la oferta este índice o el importe de la renta del contrato anterior. Segovia ha recordado que, en los casos de los grandes tenedores (aquellos que tienen más de cinco propiedades), tienen que aplicar el índice de referencia; si son menos, el precio del alquiler anterior. En este sentido, ha lamentado que, hasta ahora, los inquilinos no tenían bastante información y uno de sus objetivos con el régimen sancionador es que esta sea mucho más transparente.
Los inspectores, el paso siguiente
Albiach ha descrito el texto del régimen sancionador como "robusto", pero ha dejado bien claro que este "llega tarde", ya que, si bien el límite de los precios del alquiler están en vigor desde marzo del 2024, desde entonces se han "cometido abusos que han quedado sin consecuencias". Ahora, el siguiente paso es para los comunes, la negociación del cuerpo de un mínimo 100 inspectores que se encargaran de la aplicación del régimen en cuestión. Tras el fracaso de los primeros presupuestos de Salvador Illa, su financiación depende de la aprobación del suplemento de crédito que el Executiu prevé para las cuentas prorrogadas, a la espera de saber si este cuenta con el visto bueno de Esquerra en el Parlament.