Todos los grupos políticos del Parlament –a excepción de la ultraderecha de Vox– han celebrado una cumbre de alto nivel en el Palau de la Generalitat para abordar la situación a la educación. Todo ello, exactamente dos semanas después de que se hicieran públicos los resultados del informe PISA, que supusieron un descalabro para Catalunya. En los tres ámbitos de evaluación –matemáticas, ciencias y comprensión lectora–, el alumnado catalán retrocedió notablemente hasta situarse por debajo de la media de España y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos días también está la misión de eurodiputados en Catalunya analizado el funcionamiento de la inmersión lingüística, con un claro sesgo españolista y que ya ha cuestionado si el naufragio competencial se debe en la vehicularidad del catalán.
Es el informe PISA el que ha acelerado este encuentro de los partidos políticos. Con la intención, pues, de revertir este retroceso en educación, todos los actores han acordado impulsar un comité de expertos que tienen que presentar un conjunto de medidas a corto, medio y largo plazo. Se trata de una comisión educativa que estará integrada por unas 15 personas y que elaborará un informe antes de que acabe el mes de febrero. Sus propuestas irán en dos direcciones: por un lado, un conjunto de medidas prioritarias que se aplicarán en el curso 2024-2025; por otro lado, iniciativas de futuro de más profundidad. La consellera de Educación, Anna Simó, ha presentado este acuerdo después de la cumbre. "Hemos recibido la confianza de los grupos parlamentarios", ha asegurado, antes de agradecer su apoyo.
Precisamente son estos grupos políticos los que harán un seguimiento continuo del grupo de trabajo. Habrá un primer encuentro entre partidos y miembros cuando sus integrantes hayan definido el plan de trabajo, una segunda a principios de febrero cuando empiecen a detallarse las propuestas y "se esté cogiendo ritmo", y una última cuando se hayan concluido estas medidas, las cuales también se elevarán al Consejo Escolar de Catalunya para que los integrantes puedan enriquecer el debate. Con respecto a la quincena de miembros, serán de diferentes perfiles consensuados con presencia de docentes y tendrán que garantizar una diversidad entre los diferentes niveles educativos, la diversidad territorial, las complejidades de centro o la educación concertada y pública.
PSC y Junts alargan la mano
Con respecto a los principales partidos de la oposición, ha habido una sintonía afable con la propuesta. Desde el PSC, la diputada Esther Niubó ha celebrado la creación del comité de expertos. "Lo que corresponde es escuchar a los profesionales de la educación y, a partir de allí, acabar de posicionar", ha dicho, celebrando la composición del grupo. Si bien ha reconocido que la situación educativa en Catalunya es "dolorosa y preocupante", los socialistas han ofrecido su apoyo para "corregir el rumbo de las políticas educativas y rectificar aquello que no se ha hecho lo bastante bien".
Por su parte, Junts ha sido un pelo más contundente, a pesar de aplaudir la medida. Esta, de hecho, era una de las 20 propuestas que el partido había presentado al Govern. "Estamos contentos con que haya tenido el apoyo y consenso necesario para poder desarrollarse de forma inminente y rápida", ha defendido el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, añadiendo que era "indispensable" que estuviera formado mayoritariamente por docentes. Más allá del mecanismo, sin embargo, Batet ha advertido duramente al ejecutivo que "hay que potenciar el conocimiento y el aprendizaje" de los alumnos.
Entre el resto de medidas que ha presentado la formación juntaire, también hay estudiar la escolarización hasta los 18 años, el retorno de la educación primaria hasta los 14 años o "desjudicializar el modelo de escuela catalana", todas estas competencias del Estado. Por otra parte, Junts también plantea "acordar el calendario y los temas de negociación sindical", porque "las reivindicaciones sindicales no pueden ser un lastre para el sistema", la recuperación de la sexta hora en centros de alta complejidad o consensuar la creación de una nueva Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación.
Aragonès quiere "cambios valientes"
La semana pasada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya detalló que su intención es impulsar "cambios valientes" en la educación, pero a partir de un consenso entre diferentes partidos. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a hacer "política educativa" en lugar de partidismo. Insistió en que los partidos tienen que ser "exigentes" con el ejecutivo, y afirmó que él asume "toda la responsabilidad" del informe PISA: "Pero queremos hacerlo conjuntamente, no para diluir la responsabilidad política sino para que los resultados serán mejores, más estables y consolidados al tiempo", concluyó.