El Gobierno hace tiempo que estudia excluir a las asociaciones de ultraderecha de la acusación popular en el marco de la reforma que deja en manos de los fiscales la investigación penal. El pasado miércoles, 18 de diciembre, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denunció desde el Congreso de los Diputados que "la perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático. Y que el PP les siga la corriente es lamentable. Eso sí, tiene que ser frustrante que tanto trabajo les dé tan poco rédito". Durante su intervención en la última sesión de control al Gobierno del 2024 señalar que "las asociaciones ultraderechistas en las cuales Ustedes (PP y Vox) benefician está pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias". Y añadió: "Afirmo categóricamente también que las organizaciones ultras no persiguen aclarar los hechos, sino explicar mentiras y que Ustedes se beneficien de estas mentiras y de estas fábulas".

Nuevas medidas

El ministro Bolaños ya hace tiempo que ha pedido a los técnicos del Ministerio estudiar algunas alternativas para acabar con esta práctica con la que un conjunto de asociaciones de ultraderecha ha conseguido durante el último año que se investigue en los tribunales a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que fue denunciada por Manos Limpias. Así como el hermano de Sánchez, David Sánchez, que está imputado por malversación, o el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está investigado por haber enviado a los medios un comunicado que desmentía varias mentiras sobre los delitos fiscales confesados por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fueron difundidos por su jefe de gabinete. La figura de la acusación popular está recogida en la Constitución española, y es una postura que solo existe en España, que trata de buscar la participación de los ciudadanos en la justicia. De hecho, en algunas investigaciones más chaladas de corrupción, ha sido una figura clave, como el caso Gürtel, que provocó la salida de Mariano Rajoy del Gobierno después de una moción de censura.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado por unanimidad el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada por el Gobierno en noviembre del 2020. Bolaños abre la puerta a acelerar la reforma para remitirla al Congreso durante el primer trimestre del 2025. La reforma dividirá el procedimiento penal en las fases de investigación, juicio de acusación y juicio. Con el nuevo sistema, en la primera fase desaparecerá el juez de instrucción, ya que la investigación la dirigirá el Ministerio Fiscal y el juez actuará como juez de garantías. Un modelo que es el que se rige en casi toda Europa. En el texto, ya se excluía a los partidos políticos, sindicatos y las administraciones públicas de la acción popular, ya que con el tiempo, las organizaciones políticas han aprovechado esta postura, para tener acceso a la documentación judicial y utilizarla en beneficio propio o para generar titulares de prensa contra el adversario político. En este sentido, se excluirán por "razones de mínima coherencia institucional" a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.