La liberación de Carles Puigdemont en Alemania sigue causando estragos en el Gobierno y el Partido Popular, llevando a tensar la cuerda con el país de Angela Merkel, pese a la buena relación exhibida tradicionalmente entre ambos Estados. En Moncloa no gusta que la ministra de Justicia, Katarina Barley, aprobara la decisión del tribunal de Schlewig-Holstein: creen que da aire al independentismo, pues el "respeto a la ley" es un asunto de la Unión Europea. Desde el PP, cierto tono roza ya el euroescepticismo y la desconfianza hacia las instituciones alemanas.
"No son declaraciones propias de países amigos" decían en privado fuentes del Ejecutivo durante la convención del PP en Sevilla este sábado, sobre que Barley considerara "correcta" la libertad provisional con fianza. "Llama la atención que el lunes no dijera nada con respecto a la posición de la Fiscalía (partidaria de extraditar a Puigdemont) y ayer saltara rápido con la decisión de la puesta en libertad", apuntaban las mismas personalidades. Igualmente duro se mostró el ministro de Exteriores Alfonso Dastis: "Declaraciones desafortunadas, porque la euroorden se estableció para abordar estos temas entre jueces, separando de las opiniones políticas", indicaba.
La cuestión es que, ya en público, Mariano Rajoy exhibía una distancia notable con respecto del gabinete ministerial, ante la constatación de un encontronazo sin precedentes, desde que estalló el conflicto soberanista –y por el cual Alemania se había mantenido siempre en silencio. El presidente evitó responder a la ministra de Justicia, se limitó a avalar la separación de poderes, y reiteró que no llamó a Merkel. "Ni pienso hacerlo" insistió, para hablar del político catalán.
El hecho es que en la Moncloa tenían expectativas que la rebelión avalara la extradición: el portavoz Íñigo Méndez de Vigo dijo hace semanas que era "equivalente" a la Alta Traición, al par que apeló a la esencia de la euroorden, que es la confianza entre judicaturas. "Por norma general se tiene que hacer la entrega" de la persona, afirmó De Vigo, y "sin intervención de los gobiernos". Pero con la resolución del jueves, ahora incluso se preparan por si no se extradita a Puigdemont, tampoco por malversación, como informaba El Nacional.
Ante ese escenario, varios dejes de desconfianza se hicieron notar en las filas del PP, en relación con las autoridades alemanas y europeas.
El líder del PP catalán Xavier Garcia-Albiol denunció que no tenía sentido que un "tribunal, máximo órgano de un país [el Supremo] dicte una orden y un tribunal regional la tumbe, modifique o enmiende, cuando proviene del máximo órgano de la Justicia a España", expuso. Obviaba, si bien, que en el país germánico la judicatura está descentralizada y en cada estado es autónomo y de igual rango que otro. No satisfecho, Albiol publicó un tuit despectivo hacia Barley. En último término, el eurodiputado Esteban González Pons llegó a afirmar que si la euroorden no funcionaba, "el tratado de Schengen no tiene sentido".
Es más, en privado, fuentes del PP dudaban de que la Justicia germánica se hubiera pronunciado igual en el caso de Francia o Reino Unido. Decían que en Alemania todavía hay quien sigue viendo al Estado español como ese "pueblo" al cual "van a veranear" en vacaciones, indicaban.
La consecuencia de la libertad de Puigdemont, según el PP, se apuntaba pues hacia la posible pérdida de "confianza" de los españoles hacia las instituciones comunitarias, según denunciaba Albiol. "Estas cuestiones se tendrían que resolver, porque sino, dan muy poca credibilidad" añadió el político catalán. Así y todo, De Vigo descartó el viernes que España plantee a los socios europeos una revisión del instrumento de la euroorden, porque el caso está en caliente.
Pero si una voz resaltaba este sábado en medio de la falta de autocrítica del PP, era la de Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. En la conferencia "España, un gran país", donde estaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y otros ministros, avisaba a España de la falta de relato internacional, en oposición a la internacionalización comunicativa del procés. "Es muy importante en Europa y en el mundo explicar la cuestión política: que este país es libre y las personas pueden estar en convivencia, que es bueno que todos estamos integrados en las comunidades autónomas", alertaba.