El pleno del Parlament de las Illes Balears ha aprobado este martes la ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de las Balears, que impulsa el PP, y que supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera comunidad que elimina un organismo de estas características.
Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación. La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes con relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.
Los socialistas baleares plantean llevarlo al Constitucional
El PSIB, que ha criticado que el govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar "por venganza". También ha cargado contra la presidenta del govern, Marga Prohens, a quien acusan "de no soportar que se investigara la trama de Campos en la cual podría estar implicada ella y sus familiares". El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total". Para el socialista, al eliminar las sanciones "es igual" falsear el registro de bienes y actividades.
El PP saca el caso Koldo a pasear
El diputado del PP Maurici Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSIB utilice "casos de corrupción de hace muchos años" para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha nombrado "oficina socialista de persecución de la oposición". El popular ha asegurado que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo "obligatorias y accesibles". El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina "no fue especialmente brillante" en materia de prevención en relación con el caso Koldo y la compra de máscaras.
"Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de hacer compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad del comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colarlo en la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad", ha señalado.
Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe en el Consejo Consultivo con relación a la custodia, por parte del govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, unos 200.