El Gobierno presiona a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, del partido de derecha populista Aliança Catalana, por la polémica de los empadronamientos, después de que hace dos semanas se conociera que el gobierno local ha tratado de entorpecer el empadronamiento de personas inmigrantes en el municipio retorciendo los plazos legales, de forma que muchas personas residentes en la localidad se quedan sin escolarizar a los niños ni médico asignado durante meses. El delegado del Ejecutivo estatal en Catalunya, Carlos Prieto, ha avisado en el municipio de que si no envía a tiempo el informe exhaustivo sobre la gestión del padrón se trasladará el caso a la Abogacía del Estado "para ver cuáles son los siguientes pasos a seguir". El Gobierno teme que el mecanismo de empadronamiento que se está utilizando y las demoras obligadas a que está sometiendo a sus ciudadanos puedan suponer "una vulneración del ordenamiento jurídico vigente" por motivos "xenófobos", tal como ha expresado anteriormente Prieto.
🔴 Denuncian que Ripoll pone trabas a las personas inmigrantes para empadronarse
🟡 El Gobierno da 20 días a la alcaldesa de Ripoll para que dé explicaciones sobre la gestión del padrón
"No están haciendo caso a un requerimiento al que están obligados a contestar", ha afirmado Prieto, que acto seguido han asegurado que el requerimiento es "una advertencia" y si la respuesta que dé Orriols "no es satisfactoria" también llevarán el caso al organismo jurídico. Asimismo, una vez expirado el plazo que se dio a la alcaldesa para enviar el informe, el Gobierno le pedirá los motivos por los que no se ha trasladado la información. El Ejecutivo estatal dio 20 días hábiles al consistorio para que presentara un informe sobre cómo se está ejerciendo esta competencia y cómo se están cumpliendo la normativa estatal vigente. También solicitó datos sobre cómo se están tramitando estos expedientes, qué requisitos se exigen y cuál es el plazo de resolución de las peticiones.
Meses sin poder empadronarse a pesar de tener la documentación en regla
El Gobierno pidió explicaciones a Orriols a través de un requerimiento enviado el pasado 19 de enero después de las informaciones aparecidas en 'El Periódico' y el 'Diario de Girona', que apuntan que la alcaldesa habría modificado los protocolos para dilatar al máximo el empadronamiento de personas inmigrantes. Un trámite que antes se hacía rápidamente si se reunían todas las condiciones legales y se tenían todos los papeles en regla, ahora queda aparcado durante un tiempo indeterminado, sin motivo ni justificación aparente. De esta manera, familias de origen inmigrante no pueden empadronarse y, en consecuencia, están meses sin acceder en los derechos básicos de todo ciudadano, como poder llevar a los niños a la escuela pública o tener la tarjeta sanitaria para ir al CAP. Se trata de una situación que afecta a un número indeterminado de personas, al menos una decena de familias constatadas que lo denunciaron, así como cualquier recién llegado últimamente en la pequeña población catalana. Orriols, lejos de negarlo, sencillamente comentó a través de un mensaje en la red social 'X' (Twitter) que tan solo ha cumplido su programa electoral.