El Gobierno mantiene la estrategia de dar la vuelta a la tortilla ante la maniobra de la justicia española de no encajar el referéndum del 1-O en la malversación atenuada. Después de que este viernes la Fiscalía haya decidido perseguir a Josep María Jové y Lluís Salvadó por malversación agravada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que el pronunciamiento del ministerio público es "una prueba más" de lo que "se ha ido diciendo siempre" desde La Moncloa: "Los hechos del 1-O eran delito y siguen siendo delito".
Bolaños ha esquivado tener que opinar sobre si el pronunciamiento de la Fiscalía cambia los planes del ejecutivo de PSOE y Podemos para solucionar con cuentagotas el conflicto político entre Catalunya y España, o si la relación con Esquerra Republicana, con quien reformaron los delitos de sedición y malversación, queda ahora tocada. "La pregunta tendría que ser para aquellos que decían que con la reforma del Código Penal se despenalizaban estos delitos", ha señalado el ministro de la Presidencia. "Ya dijimos que los hechos del 2017 eran delito antes y después de la reforma del Código Penal", ha insistido, y ha añadido que el Gobierno "respeta absolutamente" instituciones como la Fiscalía.
También se ha pronunciado sobre esta cuestión el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero de una forma mucho más tímida, sin entrar a hacer ninguna valoración. Desde Eslovenia, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha reivindicado su "absoluto respeto a las decisiones judiciales", y a continuación ha hecho una defensa de la estrategia de "diálogo" y "convivencia" de su ejecutivo para Cataluña. "No hay nadie que dude que la situación en Cataluña en 2023 no tiene nada que ver con la del 2017", ha añadido.
Bolaños y Sánchez han hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía Superior de Catalunya haya decidido ensañarse contra los colaboradores de Oriol Junqueras cuando el líder de Esquerra Republicana era vicepresidente del Gobierno y conseller d'Economia. Concretamente, el ministerio público pide 7 años de prisión, 32 de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep María Jové y 6 años de prisión, 27 de inhabilitación y 24.000 euros de multa para Lluís Salvadó por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del referéndum del 1-O. Los dos son actualmente y respectivamente, presidente del Consejo Nacional de Esquerra Republicana y presidente del Port de Barcelona. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional por los preparativos del referéndum, según recoge el escrito de acusación que ha hecho público la Fiscalía este viernes.
No obstante, en el escrito de acusación, el teniente fiscal Pedro Ariche les ha retirado la acusación por el delito de revelación de secretos que hubiera incrementado más la petición de prisión. Además, reclama que Jové y Salvadó devuelvan al erario público 754.920 euros por los gastos del 1-O, aunque las fianzas exigidas por la magistrada instructora superaban los 2 millones de euros.
El mismo Jové ha sido uno de los primeros en reaccionar en su persecución por parte de la Fiscalía. "Miserables, malas personas y cobardes", ha denunciado en un tuit en su cuenta de Twitter. En su mensaje también ha recordado que la celebración del referéndum del 1-O se hizo "por principios democráticos y de libertad". "Siempre de cara ante la represión", ha añadido.