La liberación de Carles Puigdemont a manos de la justicia alemana supuso un revés para el Tribunal Supremo, al par que extendió la incertidumbre en la Moncloa sobre que no fuese extraditado por malversación. "No será fácil", fue el aviso de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, recordando que si no se acreditaba ese delito, Puigdemont sería "un hombre libre en un país libre", la República federal. La opinión no sólo ha llevado al Gobierno al borde del choque institucional con el Ejecutivo de Angela Merkel, sino que le ha puesto en guardia para amortiguar públicamente ese posible escenario.

"Será un fugado de la justicia toda la vida", respondían íntimos colaboradores de Mariano Rajoy consultados al respecto por este diario, mientras se celebra la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla. Dicen no querer aventurar qué pasará si se deniega el retorno de Puigdemont, pero se conforman con que este no podrá volver tampoco a España. Es así, porque si pisara territorio estatal, sería inmediatamente detenido y juzgado por rebelión y malversación, delitos que pesan sobre él en el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena.

Fuentes del PP creen que el tribunal alemán se hubiera pronunciado diferente con Francia o Reino Unido; Dastis avisa de efectos para la "confianza" en las instituciones de la UE

Pero el posicionamiento constata ya un cambio en las expectativas de la Moncloa sobre los futuros movimientos de los magistrados de Schlewig-Holstein. Hace escasos diez días, el ministro de Justicia Rafael Catalá dijo que la única hipótesis con que trabajaba el gabinete era la extradición, ya que sería la consecuencia "lógica" de la coordinación judicial en el seno de la UE. Lo consideró antes el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, cuando afirmó que la alta traición y la rebelión eran delitos "equivalentes", y que la esencia de la euroorden se basaba en la confianza entre jueces.

Así las cosas, el malestar por el criterio de los jueces alemanes ante el rechazo a la rebelión se avivó en la Moncloa y el PP, algo que, incluso, les ha llevado a recuperar el relato del "prófugo" catalán, que viaja por Europa, mientras en España parte del antiguo Govern está en prisión. Así lo denunciaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría este viernes para aplacar el set de la liberación. "Es un huido, no se le pueden reconocer méritos", lamentaba de Puigdemont. Eso sí, esta insistía con un nuevo aviso: "Esto es una batalla y a veces parece que ganan ellos, pero ganaremos nosotros", aventuraba.

Rangel avisa a España de la falta de relato: "Es muy importante, en Europa y el mundo, explicar la cuestión política: que este país es libre y las personas pueden estar en convivencia", decía

El hecho es que en el Gobierno no pierden la fe en el escenario de que se encuentre alguna rendija para extraditar al líder de Junts per Catalunya. De Vigo reconoció en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que el proceso de extradición estaba inconcluso. "Veremos cómo acaba, hay diferentes fases. No se pueden aventurar hipótesis, esperamos al resultado final sin especular", decía en un llamamiento a la prudencia. Al menos el Supremo y la Fiscalía se han puesto en marcha para devolver al catalán: estudian recurrir la decisión alemana al Tribunal de Justicia de la UE (TSJUE).

Ante ese escenario, algunos críticos señalan su opinión porque el tribunal de Schlewig-Holstein desacreditó el relato de la violencia en sólo dos días, con la implicación que en la Moncloa creen que eso puede tener para la "confianza" hacia las instituciones de la UE, según denunciaba ministro de Exteriores Alfonso Dastis. Fuentes del PP dudan de que la Justicia germánica se hubiera pronunciado igual en el caso de Francia o Reino Unido. Creen que en Alemania todavía hay quien sigue viendo al Estado como este "pueblo" al cual "van a veranear" en vacaciones.

Pero si una voz resaltaba entre la falta de autocrítica del PP, era la de Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo Popular Europeo. En la conferencia "España, un gran país", moderada por la vicesecretaria Andrea Levy, y formada por Santamaría, y los ministros De Vigo e Íñigo de la Serna, avisaba a España de la falta de relato internacional, en oposición a la internacionalización del procés. "Es muy importante en Europa y el mundo explicar la cuestión política: que este país es libre y las personas pueden estar en convivencia, que es bueno que todos estemos integrados en las comunidades autónomas", insinuaba.