La visita de la comisión Pegasus a Madrid está poniendo en evidencia una lucha fuerte por el relato. Por un lado, el bloque independentista pone el foco en la inacción de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en el bloqueo que aseguran que están perpetrando los grandes partidos españoles (PP, PSOE, Vox y Ciudadanos) para hacer descarrilar la misión. Por el otro, el Gobierno rebate que el caso de espionaje masivo se circunscribe a una "cuestión judicial" y "no política". Según han explicado fuentes de la Moncloa a ElNacional, Pedro Sánchez hizo bien el trabajo poniéndolo a disposición de la justicia.
"Estamos hablando de un caso donde el gobierno es parte afectada: recordamos que se detectó este programa en los teléfonos del Presidente y de varios ministros", haciendo referencia al espionaje de los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros del Interior, Defensa y Agricultura: Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. De esta manera el ejecutivo español también se presenta como víctima de las intromisiones y, de hecho, saca pecho de haber enviado el robo de información a los tribunales. "Hay máxima colaboración con la justicia y se ha llevado toda la información que ha pedido la Audiencia Nacional".
Para poner contexto, el juez José Luis Calama mantiene abierta una investigación a raíz de la denuncia de la Abogacía del Estado - que representa los intereses del ejecutivo- por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. De hecho, el mismo magistrado rechazó aceptar la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, argumentando que no se podía poner al mismo nivel que la investigación abierta por el espionaje a miembros del Consejo de Ministros.
Al margen de la vía judicial, fuentes de La Moncloa recuerdan a este diario que "se ha dado información a nivel parlamentario a través de la Comisión de Secretos Oficiales e Información Reservada". En aquella reunión de la comisión, que se hizo en mayo del 2022, la exdirectora del CNI Paz Esteban admitió que se había espiado, entre otros, a Pere Aragonès y a Carles Puigdemont bajo autorización judicial aunque no aclaró si los servicios de inteligencia habían utilizado el software israelí de la discordia.
Las promesas de Pedro Sánchez
Arran del estallido del caso Pegasus, Pedro Sánchez calmó a los socios de Esquerra comprometiéndose en el Congreso de los Diputados a ejecutar dos cambios legislativos que afectaban al CNI. Por una parte, una nueva ley de información clasificada para sustituir la vigente -que fecha del franquismo- y una reforma de la norma orgánica que regula el control judicial de la inteligencia española. La primera todavía está en mantillas porque tan solo se presentó el anteproyecto de ley este verano y la segunda no aparece en el calendario legislativo que presentó el gobierno central para el 2023.
De hecho, en una sesión de control de este febrero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya dio por cerrada la carpeta del caso Pegasus y la derivada del Catalangate. En respuesta a una pregunta del PNV, Bolaños aseguró que Pedro Sánchez "había cumplido con todos los compromisos para aclarar todos los hechos que conocimos a través del diario The New Yorker". Detalló que "se actuó con control interno dentro del propio CNI, se puso en marcha una investigación de oficio del Defensor del Pueblo, se colaboró con todas las actuaciones judiciales y se constituyó la comisión de Secretos Oficiales, que todavía no se había constituido".