El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional la ley catalana de alquileres que impide que el precio de las viviendas esté por encima del índice de precios de la Generalitat. Esta decisión se aprobará, a priori, en el próximo Consejo de Ministros, tal como adelanta El Periódico. El diario explica que el Ejecutivo solicitará la suspensión de esta norma después de haber intentado acordar con el Gobierno catalán cambios en la ley a fin de que se ajustara a la Constitución española.
La impugnación se produce meses después de que el Constitucional admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la ley catalana de regulación de los alquileres. Sin embargo, esta decisión del TC no supuso que esta quedara suspendida.
El Sindicat de Llogaters se planta a Madrid
El miércoles por la noche, el portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters, Jaime Palomera, anunciaba que este jueves irían al Congreso de los Diputados porque afirma que no se pueden permitir que "el Estado amenace con tumbar una ley de regulación de los alquileres que ha costado sudor y lágrimas a mucha gente" y que "protege la vida y el futuro de miles".
El tuit en el que Jaime Palomera anuncia que irán a Madrid.
Este jueves, ya delante del hemiciclo, Palomera ha expresado que "un gobierno que se llama progresista no puede ceder ante las presiones de una minoría especulativa" y ha reclamado al Ejecutivo español que "haga justamente el contrario, que es tomar nota de una regulación de alquileres que se ha demostrado que funciona". Hay que recordar que el PSOE y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo para aprobar una ley a nivel estatal en esta materia.
Diputados de varios partidos catalanes en el Congreso (Pilar Vallugera por parte de ERC; Míriam Nogueras, de Junts; Aina Vidal, de En Comú Podem; y Albert Botran, de la CUP) han dado apoyo a la comparecencia del sindicato delante del Congreso y se han comprometido a defender esta ley hasta "las últimas consecuencias".
La respuesta de Iceta, premonitoria
En la sesión de control parlamentario del miércoles al Gobierno, la diputada Mertxe Aizpurua interpeló al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. La representante de Bildu le preguntó directamente al ministro si eran ciertos "los rumores de que el Ejecutivo español presentaría un recurso de inconstitucionalidad" contra esta norma. En su turno de réplica, Iceta dejó entrever que efectivamente así sería: "Si yo o mis servicios jurídicos llegamos al convencimiento de que una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, legalmente y moralmente la obligación de plantear este recurso".
Los pilares de la ley
La ley en cuestión se aprobó el pasado mes de septiembre en el Parlament y contempla que, en los municipios de más de 20.000 habitantes, el precio del alquiler no puede ser superior con respecto al fijado en un contrato anterior y que tampoco podrá sobrepasar el índice de precios fijado por la Generalitat. Sólo queda al margen la obra nueva. En el caso de incumplir la normativa, las sanciones oscilan de los 3.000 a los 90.000 euros.
Imagen principal: El escaparate de una inmobiliaria con las promociones que tienen.