Después del fracaso de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial, el Gobierno redobla ahora la presión sobre el CGPJ para renovar el Tribunal Constitucional. La Moncloa quiere recomponer su estrategia judicial y cerrar, como mínimo, los cuatro recambios pendientes en el tribunal de garantías: los dos que corresponden al mismo ejecutivo estatal y los dos que corresponden al órgano de gobierno de los jueces. Los nombramientos se tienen que hacer al mismo tiempo y el problema es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se resisten a hacerlos, cosa que impide a los socialistas garantizar una mayoría progresista en el Constitucional. Es en este contexto que Pedro Sánchez redoblará ahora la presión, según han confirmado fuentes jurídicas a El Confidencial este domingo.

La formación de una mayoría progresista en el Constitucional es una prioridad para el Gobierno, ya que hay muchos asuntos que se tienen que resolver y que la mayoría conservadora puede tumbar: por ejemplo, la ley de la eutanasia o la ley del catalán en las aulas — motivo por el cual el PP no quería a nadie de ERC. Pero el recurso de inconstitucionalidad importante es el que la derecha presentó contra la reforma del poder judicial, que recorta el poder del CGPJ y le impide hacer nombramientos si está en funciones. Muchos magistrados consideran que esta reforma es inconstitucional y también han redoblado la presión sobre el tribunal de garantías.

La reforma del poder judicial, en peligro

La cosa es que, si se tumba el recorte de poderes al órgano de gobierno de los jueces, se desbloquearía el nombramiento de las 60 o 70 vacantes judiciales que ya hace tiempo que se arrastran. Se trataría de una situación problemática porque significaría que un Poder Judicial en funciones y, por lo tanto, con todavía mayoría conservadora, podría realizar todos estos nombramientos y extender todavía más el conservadurismo por toda la justicia. Es por eso que el Gobierno tiene prisa para cerrar los recambios del Constitucional, para intentar garantizar que esta reforma siga en pie y poder trabajar con más tranquilidad en la renovación del CGPJ.

Renovar el TC fue uno de los puntos que le quedaron pendientes a Carlos Lesmes, que quería dimitir después de conseguir los dos nombramientos que le corresponden al Poder Judicial. Pero los vocales conservadores frustraron sus planes y no cerraron ningún nombre, de manera que el presidente tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo acabó dimitiendo sin antes haber cumplido su objetivo. Uno de los motivos por los cuales los conservadores no propusieron nadie era evitar que se impusiera el criterio de Lesmes en la sucesión al frente del órgano de gobierno de los jueces, que finalmente designó a Rafael Mozo como presidente interino y creó una bicefalia.